El Gobierno aprobará un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los juzgados y tribunales de orden social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil una vez haya concluido el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Previsiblemente, estos juzgados se verán más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y las medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Se trata de una medida que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya anunció el pasado viernes en una entrevista radiofónica en la que explicó que el Gobierno estaba «barajando» el establecimiento de «planes de refuerzo» para que estos órganos puedan «articular y digerir todo el volumen» de ERTE que se están presentando en toda España.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, obliga al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a aprobar medidas de agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma con objetivo de contribuir a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia.
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
Así, dentro de la estrategia de transición del Ejecutivo, la disposición adicional 19 de dicha norma establece que «una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo», el Gobierno aprobará «a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días», un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en la jurisdicción social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil.
Dicho plan de actuación deberá ser propuesto por el Ministerio de Justicia, que lo elaborará en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en la materia y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que integran la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.
El Ministerio recuerda que de esta forma se han adoptado todas las medidas sobre la prestación de los servicios esenciales por parte de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia durante la contención de la pandemia.
El ministro de Justicia se reúne cada semana, por videoconferencia, con la Comisión de coordinación y en la última sesión, celebrada el pasado viernes, se acordó comenzar los trabajos para analizar y adoptar las medidas precisas para la paulatina vuelta a la normalidad de los órganos judiciales tras la reanudación de los plazos procesales que, salvo en el caso de los servicios esenciales, han quedado suspendidos con el estado de alarma.
