Tras la extinción del incendio del Windsor se produjo una guerra entre perjudicados y demandados para resarcirse de las pérdidas económicas. Los perjudicados están claros. Pero, ¿a quién benefició el siniestro?
Al final, los principales beneficiados fueron la familia Reyzábal, dueña del edificio; Juan Carlos Fernández Cernuda, entonces jefe de seguridad de El Corte Inglés, y Francisco González, presidente del BBVA.
La familia Reyzábal era la dueña de Ason Inmobiliaria, propietaria del edificio, tras la desgracia, posteriormente sacaron una importante tajada con su venta a El Corte Inglés. El jefe de seguridad de los grandes almacenes, Juan Carlos Fernández-Cernuda, fue protagonista de los acuerdos económicos tras el incendio, y consiguió mejorar la posición de sus propias empresas de seguridad. Por último, Francisco González, presidente del BBVA, vio cómo se desvaneció para siempre el riesgo que podía correr por culpa de la venta de su firma FG Valores a Merrill Lynch.
FAMILIA REYZÁBAL
La familia del burgalés Julián Reyzábal consiguió vender Ason Inmobiliaria a El Corte Inglés por unos 400 millones de euros en 2006, un año después del siniestro del Windsor. Con ello garantizaron una herencia que podría haberse desvanecido.
La fortuna familiar se construyó a partir de la productora de cine Ízaro Films, los cines, las discotecas y, posteriormente, las inversiones inmobiliarias. Así, el edificio Windsor era el portaviones de la flota, pero siguieron invirtiendo en ladrillo, como el 20% de Torre Picasso de la que fueron dueños, también en el complejo financiero de Azca.
Para muchos, la suma de entre 400 y 500 millones de euros fue muy buen negocio para la familia Reyzábal, teniendo en cuenta que se trataba de comprar una inmobiliaria que acababa de perder un edificio de oficinas con una edificabilidad de 30.000 metros cuadrados en 106 metros de altura.
El Windsor era un edificio de oficinas construido en 1979, por lo que en 2005 le faltaban cuatro años para cumplir las tres décadas. De hecho, en el momento del incendio la torre de oficinas se encontraba en obras, necesarias para la actualización de los sistemas de lucha contra el fuego.
La mole de cristal, situada junto a los enormes edificios de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana, era una ubicación apetecible para que la empresa de los grandes almacenes ampliara los mismos. En los bajos del Windsor se encontraban tres plantas alquiladas a El Corte Inglés.
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CERNUDA
El jefe de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández Cernuda, (conocido por todos como Cernuda) además de tener este puesto, hacía negocios con la empresa para la que trabajaba a través de la sociedad Mega 2.
La larga historia de negociación de las indemnizaciones por el siniestro se alargó durante años debido a su complejidad. Finalmente, las empresas protagonistas de la operación llegaron a un acuerdo por el que El Corte Inglés (que había comprado Ason Inmobiliaria, la propietaria del Windsor), Deloitte y la aseguradora Zurich (que cubría a la empresa de seguridad Prosegur) hacían frente a más de 52 millones de euros.
El acuerdo parecía cerrado cuando Prosegur y Zurich dieron marcha atrás. Eso provocó que El Corte Inglés dejara de contratar a partir de ese momento con ellos. El lugar que ocupaba Prosegur en la vigilancia de las instalaciones de El Corte Inglés lo cubrieron otras empresas del sector.
La empresa Mega 2, del jefe de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández Cernuda, expolicía como su socio, el excomisario Domingo Martorell, se hizo con parte de los contratos. Una de las grandes del sector, Securitas, se hizo también con otra parte del pastel. Securitas también había comprado años antes la sociedad PSI, de Cernuda y Martorell; e Interlabora, del hermano de Cernuda, según publicó El Confidencial.
“No se consideraban necesarios ni estaban vigente entonces, entre otros, los principios generales de suficiente concurrencia y adecuada segregación de funciones”
Según otros documentos a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, los acuerdos del Windsor beneficiaron especialmente a las empresas de Cernuda, que tenía una posición directiva en El Corte Inglés y a la vez era accionista en las empresas de seguridad con las que contrató el gigante de la distribución, porque el directivo y empresario se fue haciendo con aquellas empresas que formaban parte de aquel acuerdo de reparto de la seguridad de El Corte Inglés que fueron quebrando.
Cernuda justificó lo ocurrido bajo el argumento de que en aquel momento no se habían “desarrollado detalladamente ni implantado aún todas las buenas prácticas de buen gobierno relativas a los procesos de contratación de bienes y servicios”. Por ello, en un informe interno sostiene que en El Corte Inglés “no se consideraban necesarios ni estaban vigente entonces, entre otros, los principios generales de suficiente concurrencia y adecuada segregación de funciones”.
A todo ello añade que “tampoco se puede olvidar la situación extrema en que se desarrollaron aquellos acontecimientos”, en referencia a que las negociaciones y el reparto del negocio se realizó como consecuencia del incendio del edificio Windsor, con las consecuencias que tenía para El Corte Inglés, sobre todo desde el momento que se hizo con Ason Inmobiliaria, la propietaria del rascacielos, y por lo tanto, del riesgo por la responsabilidad que podía adquirir en las posibles indemnizaciones por los daños.
Este documento, por último, sostiene que “en cualquier caso es evidente que estas operaciones fueron conocidas y aprobadas por la Alta Dirección”. Por lo demás, este papel señala que las acusaciones sobre que El Corte Inglés pagara a Mega2 precios muy por encima de los ofertados por otros competidores son “claramente” exageradas “en su conjunto”. En cualquier caso, admite que hay posibilidades de mejorar la gestión y la búsqueda de proveedores alternativos.
Una auditoría externa y dos internas de El Corte Inglés concluyeron que no hubo irregularidades, sostuvieron que se había realizado una gestión adecuada de aquellos contratos, conforme a la ley, y que ni Fernández Cernuda ni sus empresas se vieron beneficiadas.
FRANCISCO GONZÁLEZ
El presidente del BBVA en aquel momento, Francisco González, se jugaba su futuro personal y la presidencia del banco. En el incendio se volatilizaron los documentos en los que se basó la auditoría sobre la venta de su sociedad, FG Valores, a Merril Lynch, que quería investigar la Fiscalía Anticorrupción. Tras la venta se descubrió un presunto desfase contable de 757 millones de las antiguas pesetas que, una vez ocurrido el incendio, ya no perseguirían al banquero.
Los documentos se quemaron la noche entre el 12 y el 13 de febrero de 2005. Un día antes, la Fiscalía Anticorrupción había pedido los documentos en los que se basó la auditoría de FG Valores. Los papeles se encontraban en la torre Windsor, donde tenía su sede la auditora Deloitte.
Tras el incendio las especulaciones pusieron el foco en la posibilidad de que el siniestro tuviera que ver con la destrucción de esta documentación. La investigación no pudo aportar ningún indicio.
Eso sí, Francisco González se libró para siempre de su hipotética responsabilidad en la venta de su empresa a Merrill Lynch. El entonces presidente del BBVA ganó con ello la tranquilidad de no ver peligrar 757 millones de pesetas y las multas o penas que pudiera haber llevado aparejada.
Por otra parte, su continuidad en la presidencia del banco experimentó un espaldarazo al despejar ante sí este horizonte. De hecho, la venta de FG a Merrill Lynch había pasado durante las anteriores semanas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y posteriormente por la Fiscalía Anticorrupción justo cuando un grupo de accionistas del banco, encabezado por Sacyr, había iniciado una maniobra para intentar desbancarle de la presidencia.
