La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado con la colaboración de la Agencia Tributaria una organización criminal que pretendía distribuir 12 toneladas de hachís procedente de las costas africanas en narcolanchas por toda la zona del Levante en una operación que se ha saldado con 65 detenidos.
En un comunicado, ambos cuerpos de seguridad han explicado que las detenciones se han efectuado en las provincias de Cádiz, Sevilla, Almería, Granada, Murcia, Alicante y Tarragona. Los detenidos han sido imputados por delito de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública en su rama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Esta macrooperación es fruto de la culminación de dos operaciones que se han desarrollado desde mayo del año 2020 hasta la fecha, Cristamar-Mago y Tarlo-Mago, surgidas a raíz de las sospechas de los investigadores de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria sobre varios de los detenidos, que mantenían encuentros para organizar la descarga, ocultación y distribución de grandes cantidades de hachís.
El resultado ha sido la desarticulación de varias organizaciones, todas ellas diferenciadas, que interactuaban entre sí para la introducción, ocultación y distribución de la droga, así como la intervención de 12 toneladas de hachís, 5 embarcaciones derecreo, 15 embarcaciones tipo lancha rápida, tres motos acuáticas, tres camiones, tres semirremolques y cuatro vehículos de alta gama.
También han sido intervenidos una furgoneta, seis vehículos de gama media, 89 teléfonos móviles, dos pistolas detonadoras, numeroso material electrónico e informático, documentación económico contable, casi 100.000 euros en efectivo y 203.000 rublos de Bielorrusia.
Estas organizaciones realizaban la entrada por mar de la sustancia estupefaciente por las provincias del Levante español y contaban con lugares para la ocultación de la droga y su posterior distribución por los alrededores de esos territorios.
Asimismo, adquirían en Sevilla y Tarragona la logística necesaria para utilizarla en Almería y Murcia, estando esta descentralizada respecto al lugar de trabajo para dificultar la investigación policial.
