La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, entiende que la concesión de los indultos a los presos del procés supone cruzar «líneas rojas», por lo que ya advierte de que será «muy complicado» y «muy difícil» que el PP pueda alcanzar esta legislatura algún acuerdo con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y otras instituciones pendientes de renovación.
En una entrevista al programa ‘Parlamento’ de Radio Nacional, la portavoz del PP admite que los indultos han deteriorado la relación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición porque se han cruzado «todo tipo de líneas rojas».
Y con la «tensión» que existe actualmente «es muy complicado y muy difícil» que se pueda pensar en un acuerdo esta legislatura sobre la renovación de los órganos constitucionales.
Tras su acuerdo para RTVE, el Gobierno y el PP tienen pendientes de renovación total o parcial el CGPJ, el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos, organismos que, dadas las mayorías parlamentarias que precisan, exigen la presencia de los dos grandes partidos en el acuerdo.
NO HAY ARREPENTIMIENTO
Por otra parte, y preguntada si en su partido se sienten aludidos cuando la Conferencia Episcopal dice que hay que apostar por el diálogo y abandonar actitudes inmovilistas, Gamarra contesta que «no», porque lo del PP «no es inmovilismo», sino «convicción».
«Tenemos un compromiso con los españoles y nos debemos a ellos. Estamos convencidos de que hay que cumplir las leyes y las resoluciones judiciales, máxime cuando no hay arrepentimiento y ellos siguen en las mismas posiciones, pidiendo la amnistía y un referéndum pactado. La defensa de nuestra posición no es inmovilismo, es convicción«, ha apostillado.
Según ha explicado, el PP recurrirá los indultos «como parte perjudicada». «La sociedad española es la perjudicada de esas decisiones y el PP también lo es», ha indicado, convencida de que están legitimados para impugnar la aplicación de la medida de gracia.
«Además, tenemos la obligación moral con nuestros votantes», ha añadido, incidiendo en que, desde su punto de vista, no existen «razones de justicia, equidad ni utilidad pública» para la concesión de unos indultos que cuentan con la oposición de la «mayoría de los españoles, la Fiscalía, el tribunal sentenciador y una parte importante de los representantes del Parlamento».
