El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado este viernes su convencimiento de que a finales de 2022 habrá oficinas de justicia en la mayor parte de los pueblos españoles –los que no tienen partido judicial– con el fin de acercar este servicio a los ciudadanos y «hacer su vida más fácil».
En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Tenerife –la siguiente será en octubre en Asturias–, ha comentado que el proyecto de ley pasará en breve al Congreso para su aprobación, dado que hay un amplio consenso político, tal y como ha ocurrido con las leyes del registro civil o discapacidad, y también se trabaja de forma coordinada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ha comentado que se trata de más 7.000 oficinas, algunas en municipios «muy poco poblados», que tendrán funcionarios de justicia preparados para resolver cualquier demanda vecinal, en algunos casos todos los días y en otros de forma más limitada, dependiendo de la población.
El ministro ha valorado también el «trabajo compartido» con las doce comunidades autónomas que conforman la sectorial pues se empezó la Legislatura con «promesas» y cada hay «más realidades» en torno a la idea unánime de hacer un servicio público de justicia cada vez más eficiente.
Así, ha relatado que se han abordado «temas importantísimos» como la seguridad y prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad de las sedes judiciales, la eficiencia de la administración, la digitalización o la puesta en marcha de medios alternativos de resolución de conflictos.
ACUERDOS POR ENCIMA DEL «RUIDO», DESTACA
Campo ha reivindicado la capacidad de Gobierno y comunidades autónomas de trabajar conjuntamente para lograr acuerdos en medio del «ruido» político e institucional que hay en España y con el afán de lograr la «modernización» del sistema judicial.
El viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, ha hecho un «balance muy positivo» de la reunión porque se empiezan a sentar las bases sentamos las bases de los «cuatro pilares» de la administración de justicia: la ley de eficiencia administrativa, la ley de eficiencia procesal, la digitalización y la cogobernanza.
Además, ha apuntado que en breve se van a empezar a recibir los primeros fondos europeos, en el caso de Andalucía, concretamente 30 millones en 2021 y 2022 y que servirán para «dar el salto de calidad» para desarrollar el teletrabajo o la ciberseguridad, entre otros, y ayudar también a la recuperación económica.
El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, ha valorado el sistema de trabajo «participado y deliberativo» puesto en marcha por el Ministerio y las comunidades autónomas para modernizar la administración de justicia.
Además, ha dicho que Navarra es ‘puntera’ en la digitalización gracias al sistema de gestión procesal ‘Avantius’ y la oficina de gestión de datos, que ha puesto a disposición de otras comunidades como ejemplo de buenas prácticas, lo mismo que la ‘justicia restaurativa’ para ayudar en la resolución de conflictos.
