Los presos del 1-O condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación han recibido este martes el indulto del Gobierno, tras tres años y medio encarcelados y teniendo aún pendientes entre cinco y nueve años por cumplir en prisión hasta liquidar la condena.
El Tribunal Supremo (TS) dictó la sentencia en octubre de 2019 y les impuso penas de entre nueve y trece años de cárcel, pero los impulsores del 1-O condenados ya llevaban entre uno y dos años en prisión provisional: algunos quedaron en libertad durante unos meses y otros han estado encarcelados desde otoño de 2017, saliendo sólo con permisos penitenciarios o breves etapas de semilibertad.
Como sucede con todos los presos, el tiempo que pasaron en prisión antes de que el tribunal dictara sentencia ya se les computó como parte de la pena.
Al presidente de ERC, Oriol Junqueras, le impusieron la condena más alta en la sentencia, con 13 años de prisión por sedición y malversación, por lo que todavía le quedaban nueve años y cuatro meses de condena por cumplir, que hubiera acabado en 2030.
Los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de cárcel, así que todavía les quedaban pendientes ocho más, teniendo en cuenta que ya pasaron un año y siete meses en prisión preventiva antes de la sentencia del Supremo.
Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por sedición, también tenía pendientes cerca de ocho años de pena, que hubiera cumplido en 2029.
A los exconsellers Quim Forn y Josep Rull, condenados a 10 años y medio, les faltaban cerca de siete años para cumplir toda la condena, mientras que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, con las penas más bajas de la sentencia –nueve años cada uno– reciben el indulto estando cerca de cumplir la mitad de la pena, con algo más de cinco años por cumplir.
SIGUEN INHABILITADOS
Los indultos que el Gobierno ha aprobado este martes extinguen la pena de prisión que les quedaba por cumplir a cada uno, pero les mantiene inhabilitados.
En casos de indulto parcial, la ley que regula los indultos estipula que la retirada de la pena no incluye la inhabilitación para cargos públicos, excepto si el Gobierno lo añade explícitamente al concederlo, y el indulto total se reserva para «razones de justicia, equidad o utilidad pública».
Sin embargo, el Gobierno no ha optado por esta opción y los indultos a los presos del 1-O solo les eximen de la pena de cárcel, por lo que todos seguirán inhabilitados durante el mismo tiempo por el que fueron condenados a prisión.
NO REINCIDIR
Los indultos también fijan un periodo de seguridad, de entre tres y seis años, en el que no pueden reincidir en el delito.
En paralelo, Cuixart, Rull y Turull ya han recurrido su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando vulneración de derechos fundamentes, y previsiblemente el resto de presos del 1-O harán lo mismo cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre sus recursos: hasta ahora, ha tumbado todos los que ha resuelto, con los votos discrepantes de dos magistrados.
