La Marcha Saharaui ha reunido este sábado en Madrid a centenares de personas para protestar contra la constante vulneración de los derechos humanos por parte del aparato de represión marroquí que ocupa el Sáhara Occidental y exigir la intervención inmediata del Gobierno español como parte responsable en la situación política del Sáhara Occidental.
La Marcha llegó ayer a la capital con en torno a un centenar de personas procedentes de distintos puntos de España que se concentró frente al Ministerio de Exteriores con las mismas reclamaciones.
Los manifestantes entrevistados este sábado han pedido «a los diferentes gobiernos de la democracia que cumplan un papel activo, que lo marca la legalidad internacional vigente, para que haya un referendum de autodeterminación».
La líder de Más Madrid, Mónica García, ha estado presente en la manifestación, donde ha defendido los derechos humanos de los saharauis y ha señalado que se trata de una reivindicación «histórica».
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, también ha asistido y ha añadido que España «tiene responsabilidades» en esta cuestión, ya que el territorio fue colonia española hasta la muerte de Franco, en 1975.
«España es aún para las Naciones Unidas la potencia administradora actual de su antigua colonia o de su provincia 53. Por lo tanto, tiene una responsabilidad de resolver este conflicto», ha insistido el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Xavier Serra.
La Marcha por la Libertad del pueblo saharahui partió el pasado 20 de mayo en tres columnas desde Cádiz, Cantabria y Alicante en las que participaron intermitentemente «miles de personas», según los organizadores.
El objetivo de esta primera marcha es exigir al Gobierno que rompa relaciones «con una dictadura como la marroquí» y contra la «ocupación genocida marroquí», según señaló entonces el coordinador de la llegada de la marcha, Iván Prado.
Asimismo, la delegación del Frente Polisario en España ha entregado un manifiesto en el Ministerio en el que también solicita la mediación del Gobierno para que los presos políticos saharauis, condenados «injustamente» a penas de entre 10 y 30 años e incluso a cadena perpetua, sean puestos en libertad.
