El Tribunal Supremo ya ha recibido el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto que ha hecho Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, de modo que en los próximos días el alto tribunal lo remitirá a Fiscalía para que haga su informe y luego realizará el suyo propio, según han detallado fuentes jurídicas.
A finales del pasado abril, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos –sus dos hijos–, cometió un único delito y no dos.
Así las cosas, el tribunal sentenciador encargado de emitir el informe relativo al indulto solicitado por Juana Rivas será el Supremo, de modo que ahora pedirá informe a Fiscalía y luego hará el suyo propio para posteriormente remitirlo todo al ministerio, según han precisado las mismas fuentes.
Juana Rivas, que ingresó voluntariamente el pasado viernes 11 de junio en el CIS ‘Matilde Cantos’ de Granada para cumplir la orden de ingreso en prisión, ha abandonado el centro en la mañana de este martes, en tanto que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha clasificado a la interna en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.
La defensa de Juana Rivas ha señalado que a partir de ahora seguirán «luchando» para que «recupere a sus hijos a la mayor brevedad» a través del indulto que han solicitado al Gobierno.
Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo «comprensible desde el punto de vista humano» como es «proteger a sus hijos» y recalca que «como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena», mientras que en Italia se «continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar».
El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) la condenó a finales de abril a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.
Ella ha defendido durante este tiempo que se fue con sus dos hijos de Italia –donde tenían fijada su residencia habitual– para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores.
