La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, ha defendido este martes que los políticos independentistas que huyeron al extranjero tras el 1-O vuelvan a España y se presenten ante un juez: «El camino lo marcó Meritxell Serret».
En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recordado que la exconsellera Serret «volvió y hoy es diputada en el Parlament», algo que a su entender muestra que la vía para regresar está abierta, en sus palabras.
Preguntada por la petición de la ministra y dirigente de Podemos Ione Belarra de facilitar el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Cunillera ha dicho que puede hablar sobre lo que considere, aunque cree «que es mejor» que este debate se dé en el seno del Consejo de Ministros.
La delegada del Gobierno ha diferenciado estos casos de los políticos condenados por el 1-O, para los que ha defendido el indulto como un «paso adelante» hacia el entendimiento, el diálogo y la concordia.
También ha confirmado que los indultos no están en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes y ha recalcado que el Ejecutivo trabaja para cerrar su tramitación de forma «impecable», para que no sean revocados en caso de ser recurridos ante el Tribunal Supremo (TS).
SEGURIDAD Y VIVIENDA
Cunillera ha explicado que no está previsto celebrar de forma inmediata una Junta de Seguridad en Cataluña, porque la del septiembre de 2018 puso en marcha comisiones de coordinación y seguimiento que funcionan «muy bien» –aunque la segunda quedó parada por a pandemia–.
En ese sentido, ha celebrado la coordinación en actuaciones conjuntas de Mossos y de Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia, «lo más beneficioso que se podía hacer por el pueblo de Cataluña» tras el desgaste que considera que sufrió la policía tras el 1-O.
Por otro lado, ha defendido retomar los cursos de catalán básico que el Gobierno puso en marcha para personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinado a Cataluña, teniendo en cuenta el alto nivel de rotación de estos cuerpos y que muchos agentes son de otras regiones.
Preguntada sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno contra la ley catalana de vivienda, ha afirmado que si tras seis meses de negociación «no se ha llegado a un acuerdo, ha sido seguramente por la imposibilidad de dar cumplimiento» al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que detectó problemas de constitucionalidad en la ley.
PANDEMIA
A la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso contra el decreto del estado de alarma por el Covid-19, ha defendido la decisión del Gobierno en marzo de 2020 y ha deseado que el tribunal la juzgue «con los ojos» de ese momento y teniendo en cuenta las cifras de muertos que dejó la pandemia entonces.
«Me es imposible pensar que el TC, con todos los argumentos jurídicos que tiene, no ponga esos instrumentos jurídicos al servicio de la ciudadanía que lo pasó tan mal», y ha añadido que lo contrario sería una falta de empatía.
