Cesca Domènech es una superviviente, la última de la estirpe del PDeCat en el Govern. Y lo es no sólo por su puesto de funcionaria de la Generalitat sino también por ser la mujer de Miquel Buch, el exconsejero de la Generalitat y a quien la Fiscalía le ha pedido seis años de cárcel y otros 15 de inhabilitación por cometer supuestamente malversación y prevaricación al contratar al mosso escolta de Carles Puigdemont.
Domènech se ha aferrado en los últimos años a cargos de confianza, puestos en los que la decisión se escoge ‘a dedo’, independientemente de los méritos que haya podido demostrar. Es una superviviente al haber estado desde la etapa de Jordi Pujol hasta ahora en el Govern. Tan sólo estuvo fuera unos meses por la aplicación del 155.
La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera (JxCat), ha colocado a Domènech como directora general de Acción Cívica y Comunitaria. Un puestazo por el que cobrará 87.456 euros brutos anuales. Todo para realizar campañas de concienciación ciudadana y apoyo a diversas entidades sociales, como civismo. También tendrá bajo su cargo los programas de inserción social, así como trabajar para eliminar el estigma sobre el pueblo gitano.
CERVERA CONTRATA A LA MUJER DE BUCH
Su sueldazo, dividido en 14 pagas, roza los 6.250 euros al mes, a las que hay que sumar otros 12.500 euros por las extras. Su salario supera al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo salario no alcanza los 80.000 euros.
Antes de ser nuevamente recolocada, Domènech estaba contratada como personal eventual de Elsa Artadi, cuando la ahora concejal por Barcelona estaba en la Generalitat. La esposa de Buch, militante de base de CDC y ahora del PDeCat, estuvo al frente de la oficina del delegado territorial en Barcelona de la vicepresidencia económica en la última legislatura de Carles Puigdemont, su sueldo era entonces de 64.791 euros anuales. Con la aplicación del 155, fue fulminada como todo el Govern catalán.
Tras el levantamiento de esta medida y con Quim Torra en el poder, fue a parar a la Consejería de Presidencia. No era la primera vez que se encontraba en un puesto de la máxima confianza. Con Jordi Pujol, entre 1999 y 2002, fue asistente de dirección. Con esta nueva etapa, la Generalitat le ha otorgado un nuevo puesto, como si de una Empresa de Trabajo Temporal se tratara, aunque ésta sería de altos cargos.
EL REGALO PARA LOS BUCH: UN PALO DE LA FISCALÍA
El nombramiento, anunciado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, se produjo justo hace una semana, cuando ahora se conoce la petición de cárcel e inhabilitación contra su esposo por su implicación en la contratación del escolta de Carles Puigdemont.
La Fiscalía pide para Buch seis años de cárcel y 27 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Según el propio Buch, es «una pieza más de la causa general contra el independentismo«.
Me piden seis años de prisión y 12 de inhabilitación por nombrar en Interior a un asesor experto en seguridad
«Me piden seis años de prisión y 12 de inhabilitación por nombrar en Interior a un asesor experto en seguridad. Una pieza más de la causa general contra el independentismo. Ellos no paran, pero nosotros tampoco», ha asegurado su perfil de Twitter.
Según la Fiscalía, Buch cometió presuntamente el delito de ofrecer protección al fugado Puigdemont a cargo del erario público. No obstante, el foco también se cierne sobre el agente Lluís Escolà Miquel, al considerar que este mosso realizó las labores propias de escolta hasta el 29 de octubre de 2019. De hecho, con la aplicación del 155, los agentes encargados de custodiar al huido de la justicia se mantuvieron.
ESCOLÀ, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA FISCALÍA
La Fiscalía pide para Escolà seis años de cárcel, 10 de inhabilitación especial y otros 13 de inhabilitación absoluta. Según el Ministerio Público, este mosso d’Esquadra estuvo con el expresidente en su peregrinaje a Bélgica. Para ello, pidió fiesta ese día.
En 2020, el entonces cuestionado consejero de Interior, por las intervenciones de los Mossos d’Esquadra durante las violentas protestas tras la sentencia del ‘procés’, alegó que desconocía que hacía Escolà en su tiempo libre. Buch se refería así a los viajes de Escolà al extranjero. La mayoría, según aseguró ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, se realizaron en fin de semana y por tanto tenía por qué saber qué hacía en sus días libres. Según aseguró, Escolà no trabajó de escolta y tampoco le pagaban desplazamientos ni dietas para ese trabajo.
La Fiscalía basa su escrito en varias capturas del perfil de Escolà en la red social Twitter, en la que mostró fotografías junto a Puigdemont en el extranjero. En su descargo, Buch aseguró que no realizó seguimiento alguno del sargento de los Mossos y que por tanto desconocía sus publicaciones.
LA QUERELLA PARTE DE CIUDADANOS
Poco después del 155, Escolà formó parte de la Consejería de Interior, encargándose de sistemas de seguridad. Era en julio de 2018. Según la Fiscalía, este nombramiento servía «únicamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura para haber eludido un procedimiento en el cual le eran imputados delitos graves, como es el caso del señor Puigdemont».
De hecho, la Fiscalía ha realizado un extenso informe sobre la labor de Escolà durante el tiempo que estuvo contratado. A su juicio, los escritos de Escolà para dar cuenta de su tarea eran «de muy corta extensión y plagados de generalidades». El Ministerio Público achacó una falta de experiencia, ya que se trataba de meros resúmenes de trabajos básicos.
La Fiscalía ha actuado ahora tras la querella de Ciudadanos, interpuesta en marzo de 2019, y en la que se aseguraba que Buch había nombrado a Escolà como asesor cuando en realidad ejercía funciones de escolta a Puigdemont en Bélgica.
