Algunos españoles empiezan a pensar que qué es peor, sí morir de coronavirus o que tu familia muera de hambre y ser desahuciado de tu casa. La situación en los hogares españoles empieza a complicarse a cuenta de las restricciones impuestas por el Gobierno de la Nación que impiden el normal desarrollo de la actividad económica.
Los despachos y gestorías de las empresas echan humo preparando los temidos Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (los ERTE) a la espera de conocer hoy que medidas tomará el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros para intentar frenar la catástrofe económica que se cierne sobre nuestro país y más después del cerrojazo a las fronteras que impusieron ayer los ministros del Interior de la Unión Europea.
El plan que está coordinando la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, será presentado hoy a la opinión pública y dependiendo como lo interpreten los mercados financieros, empresarios, agentes sociales y trabajadores, el roto a la economía puede ser grande o enorme.
Hasta ahora, de lo poco que se conoce del mismo es que el documento se centra en cuatro ámbitos para intentar salvar la catástrofe, sabiendo que se van a perder miles de empleos. El plan se centra en dar garantía de liquidez a las empresas y proteger a los trabajadores y autónomos, que se van a quedar sin trabajo.
Según se filtró ayer desde el departamento de Calviño, el plan se centrará en el apoyo a las familias, en ayudas para acelerar la investigación de la vacuna, así como en facilitar a las empresas los ajustes temporales que van a tener que hacer para la supervivencia de las empresas y de los empleos. Por último, la estrategia gubernamental se centra en medidas macroeconómicas y monetarias, ya pactadas en una videoconferencia ayer con otros ministros de Economía del Eurogrupo, para facilitar la liquidez en los mercados financieros con el fin de garantizar la estabilidad del sistema bancario y del mercado de crédito y que no se produzca lo que los expertos llaman un credit crunch, un estrangulamiento de los mercados de financiación que hunda la actividad económica.
ERTES FINANCIADOS A CAMBIO DE CONSERVAR LOS EMPLEOS
Una de las principales medidas que debatirá el Gobierno, dentro de ese apartado número tres del plan centrado en las empresas, es facilitar los ERTES de las empresas. Es decir facilitar el despido temporal de los trabajadores, algo que ya ha encontrado la oposición frontal de los integrantes del Gobierno de Podemos, pero que es la única salida viable para la supervivencia de muchas empresas y de los empleos de sus trabajadores a futuro, después de que el Gobierno informara ayer de que lo del estado de alarma puede ir para largo.
Según despachos de abogados familiarizados con la medida, “los que se nos trasmite desde el Gobierno es que se van a facilitar los expedientes temporales de regulación de empleo a cambio de que se mantengan en el futuro los puestos de trabajo”. La medida podría implementarse de la siguiente manera: “Las empresas podrán despedir temporalmente a sus trabajadores y mandarlos al paro entre 4 y 6 meses a cambio de que luego esos empleados vuelvan a la empresa”, comentan desde este despacho.
«La solución que puede presentar el Gobierno es que a los despedidos no les correría el paro de manera excepcional»
El problema de esta medida es el perjuicio que se le causa a los trabajadores, ya que pierden meses de su paro en caso de que luego sean despedidos de manera definitiva. Los miembros morados del Gobierno ya han dicho que no están dispuestos a que los trabajadores vuelvan a ser los paganos de esta crisis como ya ocurriera en 2008, por lo que se busca cómo podría implementarse esa medida sin que le causara perjuicio a los trabajadores. “La solución que puede presentar el Gobierno hoy es hacerse cargo del paro de estos trabajadores despedidos de manera temporal. Es decir, no les correría el paro de manera excepcional y conservarían sus meses de paro intactos para futuros despidos cuando la situación se normalice”, comentan las mismas fuentes.
PODEMOS NO QUIERE QUE SE PIERDAN EMPLEOS
Esta medida contrasta con la medida que quiere Podemos, que es que el Estado pague parte de la nómina del trabajador a cambio de que no haya despidos. “Realmente muchos de los ERTEs que habrá son consecuencia del exceso de capacidad de algunas empresas, es decir, no hay demanda por el parón en seco de la economía y no tienen nada que producir porque no hay nada que vender, por lo que no tiene mucho sentido que los empleados permanezcan vinculados a la empresa sin trabajo. Es mejor que vuelvan cuando se reanude la actividad y el ahorro de costes para las empresas será mayor a la hora de volver a reactivar el capex, es decir, el dinero que destinan a los medios de producción para reactivar una actividad”, comentan expertos en finanzas económicas.
El problema de cualquiera de las dos medidas radica en la financiación de las mismas. Como casi todo ahora, se ha convertido en un problema de dinero en tiempos de vacas flacas. Por eso, el Gobierno negocia con Bruselas a marchas forzadas relajar los límites del déficit para disponer de más dinero a en la caja y que Bruselas active el MEDE (el Mecanismo de Estabilidad Europeo) creado en 2012 con motivo de la crisis del Euro y que debe disponer de más de 700.000 millones de euros, si todos los miembros han cumplido con sus obligaciones anuales de aportar.
Con ese dinero se daría estabilidad financiera a la zona Euro, al sistema bancario y se evitaría en teoría que la crisis de deuda soberana que vivimos en 2012 y que casi se lleva por delante la moneda única vuelva otra vez a rondarnos.
Aumentar la liquidez y evitar que el sistema crediticio colapse es la única manera de poder aliviar el resto de problemas, así que es fundamental el acuerdo al que han llegado los ministros del Eurogrupo. Las medidas adoptadas hoy se unirán a las ya anunciadas por el presidente del Gobierno en su primera comparecencia por la crisis: el aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos por seis meses para las pymes y autónomos, previa solicitud, sin recargos, y la creación de una línea del ICO dotada de 400 millones de euros con crédito para empresas y autónomos.
El debate que queda ahora es si el Gobierno se hará garante último de los créditos que tengan contraídos los bancos, o por el contrario, dejará al albur de los acontecimientos que se produzca el temido credit crunch centrándose tan solo en cuidar que la deuda-país no se dispare como en los años posteriores a la crisis financiera de 2008.
