El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha insistido en un nuevo auto en que «la única explicación posible» a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora ‘morada’ Dina Bousselham, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera su jefe por aquel entonces, Pablo Iglesias, quien los provocara.
En un auto del 7 de junio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de dicho tribunal recrea el recorrido que habría tenido la tarjeta mini SD del teléfono móvil de Bousselham desde que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entrega al líder de Podemos hasta que este último se la devuelve a su legítima propietaria, todo ello en base a las declaraciones que han prestado en sede judicial y a otras diligencias.
Así, detalla que, de lo actuado hasta el momento, se desprende que Iglesias recibió la tarjeta en «buen estado», hasta el punto de que pudo ver su contenido en la sede del Grupo Z, se la llevó y la guardó un tiempo hasta dársela a Bousselham, cuando ya «no funciona», sin que conste en la causa que en ese lapso el dirigente ‘morado’ la compartiera con nadie más. «La tarjeta sigue sin funcionar», recalca el instructor.
«Podemos concluir que la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el señor Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el señor Iglesias se la devuelve» a Bousselham, dice García-Castellón.
El magistrado sospecha que, «en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados», entre ellos conversaciones con la ex asesora y fotos personales de ella.
Por eso, el juez vuelve a incidir en que, «desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, es posible sostener la participación del investigado en la producción de los daños, toda vez que no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta» dentro del marco temporal en el que se habrían producido.
García-Castellón, tal y como recuerda en su resolución, ya propuso al Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que investigara a Iglesias, si bien el alto tribunal ordenó seguir indagando, mencionando expresamente una serie de diligencias, entre ellas un análisis pericial del contenido de la tarjeta telefónica, a lo que ahora espera el juez.
AMPLIAMENTE ANALIZADA
Para cimentar sus afirmaciones, el instructor aporta extractos de las declaraciones prestadas por los principales personajes de esta trama. Así, Asensio afirmó que, cuando la tarjeta llegó a manos de los periodistas del Grupo Z, contactó con Iglesias –porque no conocía a Bousselham– para darle la que era la «copia única» a fin de que «no le extorsionaran» con su contenido. «Entendía que esto podía tener valor», expuso, de acuerdo con el auto.
Iglesias acudió a la llamada para recuperar la mini SD. «Yo examiné allí mismo, en una computadora que me facilitó el señor Asensio, esos materiales», contó el ex vicepresidente segundo del Gobierno. Y, conforme declaró el presidente del Grupo Z, hizo ese visionado «a solas». El dirigente ‘morado’ comprobó que pertenecía a Bousselham y, «algunos meses después» se la devolvió a Dina, indicó.
Este relato coral, mantiene el juez, demostraría que «durante el tiempo en que estuvo en la sede del Grupo Z la tarjeta funcionaba, estaba operativa y fue posible acceder a su contenido». Después, ya no se pudo y, en este punto, se basa en el hecho de que Bousselham acudió a una empresa informática de Reino Unido para que intentara recuperar la información de la mini SD.
A este efecto, García-Castellón incluye en el auto un intercambio de correos electrónicos en los que dicha compañía explica que el dispositivo es irrecuperable por los métodos habituales y que pueden intentar leerla con un trabajo aún más especializado –y más caro– de su departamento de I+D, si bien Dina optó por que le reenviaran la tarjeta.
El magistrado destaca que, aunque «pueden observarse algunas contradicciones entre las dos declaraciones realizadas por Bousselham en sede judicial, (…) respecto a la recepción de la tarjeta inoperativa sus manifestaciones resultan contundentes»: Mandó la mini SD a los expertos británicos en «el mismo estado» en el que la recibió de Iglesias.
Puesto que, «pese a todos los intentos», incluidos los de la Policía, «no ha sido materialmente posible acceder al contenido de la tarjeta», el instructor considera que «será el órgano competente para investigar el hecho imputado al aforado quien, en su caso, deberá decidir si practicar más diligencias que permitan concretar cómo se dañó», resaltando aquí que, para ello, habría que proceder a «un acto formal de imputación».
UNA DILIGENCIA «PERTINENTE, ÚTIL Y NECESARIA»
De esta forma, García-Castellón responde a un recurso de Bousselham con el que pretendía anular la providencia por la que el juez, siguiendo las instrucciones del Supremo, reabrió las pesquisas y encargó a la Policía Científica que determinara si es «técnicamente posible» ver el contenido de la tarjeta, un informe que todavía no ha llegado a su mesa.
El investigador entiende que «la diligencia acordada (…) resulta pertinente para el esclarecimiento de los hechos que se acaban de exponer», así como «útil y necesaria, esto es, con virtualidad probatoria relevante», por lo que desestima el recurso de reforma de Dina, dando curso al recurso de apelación planteado de forma subsidiaria por la ex asesora de Iglesias.
García-Castellón aprovecha además para manifestar que «resulta llamativo constatar que el recurso se interpone por quien, ‘a priori’, se encuentra en una posición de acusación particular» y que, «en esencia, mediante la interposición del recurso lo que se pretende es evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva».
