El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en la necesidad de «evaluar en todo momento» las normas aplicadas en el marco del protocolo para la ‘nueva normalidad’ y ha confiado en que el Ministerio de Sanidad «entre en razón».
«No se puede hacer una foto fija», ha zanjado Rueda durante un acto en el que ha participado en Vigo, donde ha incidido en la importancia de que no se «mande a septiembre» sin la capacidad de actualizar la normativa, una postura que ha remarcado que también comparte el sector turístico.
En este sentido, ha confiado en que, en el marco de la reunión del consejo interterritorial del sistema nacional de salud que se celebrará este miércoles, el Ministerio de Sanidad «entre definitivamente en razón» tras haber acordado la Audiencia Nacional la suspensión de las nuevas normas sanitarias aprobadas la semana pasada hasta que se resuelva la impugnación del gobierno de la Comunidad de Madrid en este territorio.
Así las cosas, Rueda ha confiado en que el Ministerio de Sanidad «entienda que hay que seguir con la desescalada» y «evaluar en todo momento lo que sería la situación de funcionamiento del sector hostelero». Así, ha mostrado su esperanza de que «todo el mundo se dé cuenta» de que «lo que venían haciendo las comunidades autónomas es lo que hay que seguir haciendo», en alusión a la progresiva flexibilización de las restricciones en función de la mejora de la pandemia.
«Estamos en una situación mucho mejor que la que hubo hace unos meses», ha defendido el vicepresidente primero del Ejecutivo gallego tras reiterar su agradecimiento a la «colaboración» mostrada por el sector turístico durante la crisis sanitaria.
La semana pasada, en el seno del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, se aprobó un protocolo para la desescalada que el Ministerio de Sanidad defendió que resultaba «de obligado cumplimiento» para las comunidades y ante el que se opuso, entre otros, el Gobierno gallego, que afirmó que seguiría su propia «hoja de ruta». De hecho, indicó que estudia recurrir las normas para la ‘nueva normalidad’ al Tribunal Constitucional por «invasión de competencias».
