Miguel Ángel Revilla se emoció hace unos días ante el aventurero Jesús Calleja a cuenta de la historia de un ‘maquis’. El presidente de Cantabria alardeó porque supuestamente fue miembro del ‘sindicato libre’ en Euskadi cuando era universitario.
Es evidente que Revilla intenta borrar sus lazos con el franquismo ya que está muy molesto con que se recuerde que cuando ya tenía treinta años, en 1973, ejercía como delegado del Sindicato Vertical del Régimen antidemocrático.
Y pronunciaba discurso que decían lo siguiente. «Tenemos que hacer comprender al mundo que el pensamiento Joseantoniano, adecuadamente actualizado, tiene plena vigencia en el contexto actual. Tenemos una ideología que siempre he pensado que era exportable en función naturalmente, de una actualización del pensamiento de José Antonio«.
El mandatario cántabro nunca ha querido abordar este asunto y, según han denunciado desde la filas de la oposición, ha intentado reescribir su historia personal para distanciarse de un Régimen al que ni mucho menos combatió.
REVILLA Y LA MEMORIA HISTÓRICA
El Gobierno de Cantabria está intentando impulsar una ‘ley de Memoria Histórica’ impulsada por el PSOE y que en principio iba a ser avalada por Miguel Ángel Revilla, que tras la polémica parece querer recular.
Y esa polémica ha surgido por la unión de PP, Cs y Vox, que rara vez parecen ponerse de acuerdo en el Parlamento de Cantabria y esta vez lo han hecho para protestar contra esta proyecto. Los ‘populares’ han retirado la retirada de la ley.
Y Ciudadanos, con Félix Álvarez a la cabeza, ha asegura que «esta ‘ley de Memoria Histórica’ está plagada de sectarismo, otorga un reconocimiento moral superior a unas víctimas sobre otras. Señala lugares donde hubo represión por parte de un bando y omite otros lugares donde hubo represión por parte del otro bando. Y es todo menos una ley de concordia, de recuperación, de la dignidad y de las víctimas. Tiene que ser una ley de memoria para todos, no puede ser una ley que sirva como revancha, como ajuste de cuentas y como ajuste del enfrentamiento entre bandos y entre españoles».
Armando Blanco, de Vox Cantabria, asegura que la propuesta del Gobierno regional es «sectaria, de bandos, que trata de eliminar la memoria y las libertades de los ciudadanos. Y sólo reconoce a unas víctimas».
Según Vox, la ley pretende «reescribir la historia» para seguir «adoctrinando a nuestros hijos en los centros educativos» y continuar acabando «con la libertad de expresión de los cántabros, que serán sancionados por vía administrativa a través de la Comisión de la Verdad«, que es un organismo que la ley contempla lanzar.
EL PSOE DEFIENDE LA LEY
El vicepresidente de Cantabria y líder del PSOE en la región, Pablo Zuloaga, ha recordado que «en 2007 el Gobierno de España aprobó su primera ley de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero y ya en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática».
Es por ello que desde el Gobierno de Cantabria han presentado «un anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática que obedece a los parámetros de defensa y reconocimiento de los derechos humanos y a las recomendaciones de Naciones Unidas».
La ley, según Zuloaga, «realizará una clasificación de las víctimas que sufrieron represión, se establecerá un censo de víctimas, se adoptarán las medidas necesarias para su localización, exhumación e identificación y se actualizarán los mapas de los lugares donde puedan localizarse restos de desaparecidos».
Pero lo cierto es que ahora hay serias dudas sobre el futuro de esta medida después de que en el seno PRC hayan aparecido alguna dudas sobre algunos aspectos de la misma.
