Pedro Sánchez sigue con su intención de desjudicializar los delitos relacionados con el independentismo, y, prueba de ello es la reforma del Código Penal. El presidente del Gobierno ha optado por crear un nuevo tipo de delito, el de «Atentado contra la Constitución». Así pues, el presidente del Gobierno sigue devolviendo el favor que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) le hizo el día de la investidura.
De esta forma, solo los individuos que tengan la intención expresa de atentar contra la Carta Magna serían imputados y condenados con penas medianamente elevadas. Los segundos niveles de mando y personas consideradas no decisivas se librarían de las penas reguladas para ese delito.
Con esta novedad no solo se prepara una rebaja de penas en el tipo delictivo de sedición, sino que además se pretende restringir el alcance de este delito con el fin de dejar fuera a parte de los condenados por los acontecimientos del 1-O. Esta reforma es clave para que los presos condenados por el procès sean libres cuanto antes, y ERC siga manteniendo los apoyos al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
REFORMA CON EFECTO RETROACTIVO
El ejecutivo de Sánchez ya trabaja en una propuesta de reforma del Código Penal para rebajar las penas hechas públicas el 14 de octubre pasado. De esta forma, el Gobierno sigue la vía tomada para que sus apoyos de ERC no rompan los acuerdos alcanzados para la investidura. Esta modificación del Código Penal tendría efecto retroactivo sobre las condenas ya en firme, suavizando de esta manera el tiempo en prisión de los líderes separatistas.
Esta reforma llega tras la promesa que el PSOE le hizo a ERC de «desjudicializar» el conflicto catalán, trayendo consigo un vaciado de los comportamientos que pueden provocar que una persona caiga condenada por el tipo penal en cuestión. Este es un pago más que Sánchez le hace al soberanismo catalán en contrapartida de mantenerse en el Gobierno.
Se pretende regular un nuevo tipo de ‘atentado contra la Constitución’, que vaciará los tipos restantes y exigirá una intención probada y directa de desobedecer la Carta Magna. Además, la línea de estudio lanzada para incorporar este nuevo delito exigiría una actitud reiterada en el deseo de torpedear la Constitución española. En caso contrario, no se podrá castigar con este tipo penal.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha admitido que el Gobierno trabaja en la «revisión del Código Penal» y que ese cambio se incluye en el «acuerdo de progreso y programático» que firmaron con Podemos. La reforma supone un abandono expreso del compromiso de Sánchez durante la última campaña de endurecer la ley contra los promotores del referéndum ilegal.
