Una de las acusaciones populares del caso ‘Neurona’, Pro Lege, ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que investigue si parte de los 363.000 euros que Podemos pagó a Neurona Comunidad para las elecciones generales de 2019 regresó a las arcas ‘moradas’ o a sus dirigentes a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, la Asociación de Juristas Europeos, Pro Lege, dice haber tenido conocimiento de unos hechos que «vinculan de forma indiciaria las actividades de la empresa La Nave de Comunicación Digital desarrolladas en el año 2019 con el destino final de los fondos transferidos por Neurona Comunidad al extranjero ese mismo año».
Las investigaciones judiciales gravitan sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Escalonilla cree que pudo ser un contrato simulado, es decir, que no hubo trabajo alguno, para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.
Hasta ahora, la actividad indagatoria se ha centrado en averiguar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada. La empresa, filial española de la mexicana Neurona Consulting, subcontrató a otra sociedad mexicana, Creative Advice, para que fuera quien realmente prestara los servicios requeridos por la formación política.
Según la información contable que obra en la causa, Podemos pagó en varias transferencias esos 363.000 euros a Neurona Comunidad, que a su vez ingresó 308.257 euros a Creative Advice. Pro Lege plantea en su escrito que el destino final del dinero «sigue siendo una incógnita» porque, a su juicio, no ha quedado acreditado que esos fondos remuneraran un trabajo real.
Para realizar estas afirmaciones se basa en la denuncia realizada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso ‘Neurona’, donde señala una serie de hechos presuntamente delictivos, entre los cuales menciona la supuesta existencia de una «red global de corrupción política» mediante la cual Neurona promocionaría a determinados políticos para que, una vez en puestos de poder, le devolvieran el favor mediante contratos.
La duda que expresaba Calvente es si «estaríamos ante contratos ordenados por algunos dirigentes de Podemos para compensar a la red de financiación ilegal de partidos políticos y el apoyo económico y personal recibido para promocionarles dentro del partido y que llegaran a alcanzar sus actuales puestos de dirección», recordando en este sentido que «una de las sospechas que han envuelto a Podemos desde su origen es el origen de los fondos que permitieron su fundación».
Atendiendo al cuadro dibujado por Calvente, Pro Lege considera que «procede investigar el posible retornó a España a manos de los dirigentes de Podemos o de Izquierda Unida (miembros de la coalición electoral Unidas Podemos que suscribió el contrato con Neurona), ya fuera para poder cumplir con los objetivos apuntados en la denuncia o para financiar ilegalmente a los partidos de la coalición, o a sus líderes, o para realizar cualquier otro tipo de actividad ajena al contrato».
LA NAVE DE COMUNICACIÓN DIGITAL
La acusación popular cree que parte del dinero pagado a Neurona Comunidad habría retornado a través de La Nave de Comunicación Digital, que tiene como socia y administradora única a Clara Alonso, miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, de acuerdo con la información mercantil que ha aportado la propia Pro Lege.
Así, pide investigar «si la cantidad de 363.000 euros abonada por Podemos a Neurona Comunidad en virtud del contrato electoral y la cantidad de 308.257 euros transferidos por Neurona Comunidad a la empresa mexicana Creative Advice se ha retornado al partido o a personas afines al mismo a través de La Nave de Comunicación Digital por importe de 272.000 euros», indicando que la cifra habría ido adelgazando por posibles «comisiones» de terceros o de los movimientos de capital.
Se apoya para ello en diversas noticias publicadas en prensa y en supuestas semejanzas entre Neurona Comunidad y La Nave de Comunicación Digital, tales como que ambas se habrían creado «justo antes del inicio de los procesos electorales», que «facturan grandes cantidades de dinero sin tener empleados en la plantilla», que «mantienen estrecha relación con miembros del partido» y que «no constan los servicios prestados por ambas sociedades».
En concreto, pide a Escalonilla que investigue si existe o ha existido alguna relación comercial entre las dos empresas y con Podemos, y para ello le propone requerir a La Nave de Comunicación Digital las cuentas anuales de 2018, 2019 y 2020 y un informe policial sobre sus operaciones contables y «las vinculaciones de sus socios y directivos actuales e históricos con el partido Podemos, con sus dirigentes y con Neurona Comunidad y su entorno empresarial».
Pro Lege anticipa asimismo que, a resultas de toda esta documentación e información, «procederá la citación de Clara Alonso, bien como investigada o bien como testigo».
El juez, en un auto donde acordó mantener imputado al partido, sugirió que el presunto desvío de dinero de Podemos a Neurona podría no ser la verdadera finalidad, sino que –acogiendo las tesis de Calvente– «podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan».
EL CASO ‘NEURONA’
El núcleo de la causa es el contrato entre Neurona y Podemos, pero se investigan también otro hechos mencionados en la denuncia inicial. En este tiempo, el instructor ha archivado las pesquisas relativas a los contratos electorales con ABD, a las obras de reforma de la nueva sede y al supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada del partido Marta Flor.
Escalonilla también acordó el sobreseimiento provisional de las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos y de los sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, entre otros cargos, pero ha reabierto ambas investigaciones, en el primer caso por orden de la Audiencia de Madrid en respuesta a recursos de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, y en el segundo enmendando su decisión inicial a petición de Vox.
Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de Montero. El Juzgado de Instrucción Número 46 ya investiga este asunto.
Precisamente, este mismo jueves se ha conocido que el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.
