El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este viernes la «solvencia» del PNV en la gestión de la política penitenciaria y ha recordado que los jueces siguen teniendo la última palabra sobre decisiones que afectan a los presos, en este caso de ETA. Como ejemplo ha citado que los jueces han dejado «sin efecto» la semilibertad concedida por la Generalitat a los políticos del 1-O.
En una entrevista en la COPE, Marlaska ha sido preguntado por las últimas declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ligando los acercamientos de presos de ETA a los acuerdos para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.
«Los traslados de los presos condenados por delitos de terrorismo obedecen a la legalidad penitenciaria», ha contestado Marlaska, sin querer aludir directamente a las palabras de Otegi. En este sentido, ha subrayado que lo partidos de la oposición no ponen en cuestión que se cumple la ley dentro de unos traslados que se llevan a cabo con «transparencia».
Según Marlaska, donde se podía cuestionar la legalidad penitenciaria era en los años 1997 o 1998, cuando gobernaba el PP, y estando un funcionario de prisiones secuestrados se aprobó el traslado de 800 etarras, con la banda terrorista «matando», ha subrayado.
No obstante, el titular del Interior ha señalado que él no es partidario de convertir la política penitenciaria en una «herramienta partidista», después de que tantos plantaran cara a ETA hasta derrotarla.
En este sentido, al ministro le han preguntado si es esperable que los condenados por terrorismo de ETA salgan pronto a la calle tras la transferencia al País Vasco de la gestión penitenciaria. «Yo no dudaría de la solvencia de un partido tan importante, que ha representado tanto para estabilidad española como el PNV», ha indicado.
Dicho esto, ha comentado que lo que se ha transferido es la gestión de prisiones pero que la política penitenciaria «sigue siendo de la administración general central y el poder judicial es quien resuelve finalmente sobre asuntos como permisos, los terceros grados o la libertad condicional».
Como ejemplo, ha citado el caso reciente de los políticos condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el referéndum independentista en Cataluña de 2017, que disfrutaron de unas «medidas que luego han quedado sin efecto».
