El ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón comparecerá este viernes como testigo ante el juez del llamado caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, en relación con los complementos salariales que su sucesora, Rocío Esther Val, habría aprobado irregularmente para ella y otros cargos de la formación ‘morada’.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid citó a Fernández Alarcón al reabrir la investigación por un presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar dichos pluses, algo que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente señaló en su denuncia –de la que partió el caso ‘Neurona’– como posibles sobresueldos.
Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.
Fernández Alarcón debía haber testificado el 13 de noviembre pero no llegó a hacerlo por problemas de logística. Su comparecencia quedó pendiente hasta parecer descartada el pasado mes de marzo, cuando Escalonilla archivó provisionalmente la trama de los complementos salariales al concluir que la gerente de Podemos podía acordarlos.
Sin embargo, el instructor reactivó esta línea de investigación en abril, en respuesta a un recurso de reforma de Vox. Según explicó, la nueva documentación aportada por Podemos lleva a pensar «indiciariamente» que en realidad Val no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.
En un escrito enviado al juzgado madrileño, la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular, insistió en que Fernández Alarcón compareciera, aduciendo que fue quien propuso las tablas salariales de 2017, que serían las vigentes cuando ocurrieron los hechos.
EL UNIVERSO ‘NEURONA’
El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.
De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.
También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.
