El Gobierno propone la creación de una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, que, en un primer momento, se dirija a familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), y después se amplíe después al resto de familias del país.
Así lo pone de manifiesto el documento ‘España 2050’ presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que «si no se hacen reformas de calado ni se apuesta por políticas redistributivas más ambiciosas, la desigualdad en España podría estancarse en los niveles actuales o incluso aumentar de aquí a 2050».
Según indica el documento «por su diseño», el Ingreso Mínimo Vital «tendrá un limitado efecto redistributivo, aunque sí será clave en la reducción de la pobreza extrema». Por ello, se propone crear una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, así como reformar las prestaciones familiares.
En este sentido, detalla que las políticas de soporte económico de los hogares con hijos e hijas a cargo se concentran, básicamente, en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar, y destaca que «estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente».
«En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente a las cargas por descendientes», apunta.
En el medio y largo plazo, el Ejecutivo cree que se debería cambiar el tratamiento fiscal de las cargas por descendientes para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas al contribuyente en el caso de aquellos hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos anuales están por encima del umbral del IMV.
Entre los objetivos definidos en el documento, de casi 700 páginas, también se propone reducir la desigualdad de la renta hasta converger con la media actual de la UE-27 en el medio plazo y la de los países de la UE-8 en 2050.
MENOS PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA EN 2050
El Gobierno fija también como objetivo reducir la proporción de personas que viven en riesgo de pobreza en España del 22% actual al 18% en 2030, para llegar a un 10% en 2050 dentro de la estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.
Asimismo, el Ejecutivo apuesta por minimizar el peso que tiene el origen social del alumnado en el rendimiento escolar hasta alcanzar la media de la Unión Europea (UE) en 2030 y converger con la UE-8 antes de mediados de siglo.
En este contexto, considera que habrá que aumentar progresivamente la recaudación del sistema fiscal, pasando del 37% del PIB actual al 43% en 2050, al tiempo que se incrementa el gasto público en protección social hasta converger con la media de la UE-8 y disminuye el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países de la UE-8 de aquí a 2050.
En el capítulo dedicado a reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social, el Gobierno sostiene que, «desde principios de siglo, se detecta un peor funcionamiento» del ascensor social. «En España, nacer en familias de bajos ingresos condiciona las oportunidades de educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos», añade.
De esta forma, prevé que, «sin mejoras de productividad y empleo, y cambios en el sistema educativo, la desigualdad seguirá aumentando en el futuro, agravada por tendencias como el envejecimiento demográfico o la transformación tecnológica».
Para evitarlo, según detalla el Gobierno, España deberá «cambiar su patrón de crecimiento, reactivar su ascensor social, abordar el problema de la vivienda, y acometer una reforma fiscal paulatina pero profunda que dote de mayor capacidad recaudatoria y progresividad al sistema y permita reforzar las redes de protección social», entre otras cosas.
«Hoy, nuestro país presenta una movilidad social intergeneracional baja y mal distribuida, que afecta sobre todo a las comunidades autónomas menos ricas y a los jóvenes que provienen de los hogares más pobres», insiste el Ejecutivo, que defiende que la educación y la recualificación de la fuerza trabajadora «deben erigirse como las principales palancas que reactiven el ascensor social y brinden más y mejores oportunidades económicas y laborales» al conjunto de la población.
