Las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la actuación de la Policía ante un caso de violación aún no han quedado en el olvido. Los sindicatos de este cuerpo de seguridad y también de la Guardia Civil han mostrado su indignación a lo largo de esta semana por estas afirmaciones, en las que Montero aseguraba que los agentes preguntaban a las presuntas víctimas qué ropa vestían en el momento de la agresión.
A las denunciantes, según la ministra, se les pregunta “si llevaban puesta la minifalda”, porque insiste en que todavía se juzga la vestimenta —desde organismos oficiales como los cuerpos de seguridad— ante un suceso de estas características. Desde fuentes policiales han criticado estas palabras y han detallado cuáles son los verdaderos pasos que siguen cuando se encuentran ante un caso de violación. Y no, no se pregunta por la ropa.
EL PROTOCOLO DE LA POLICÍA
La Policía tiene detallado un protocolo de actuación en el que se desgranan los pasos que deben seguir ante una presunta agresión sexual. En el caso de Madrid, las líneas de actuación se dividen en cinco puntos generales. El primero es trasladar a la víctima hacia el Servicio de Atención de la Mujer (SAM) que pertenece a la Jefatura de Superior de Policía de Madrid. Todas las denuncias se centralizan en esta oficina, por lo tanto, si se informara de la supuesta violación en otro centro habría que trasladarse a esta subdivisión. Allí hay un equipo de guardia de funcionarios especializados en este tipo de delitos e investigaciones y que están activos durante la 24 horas del día.
Una vez producido este traslado, formalizar la denuncia es el siguiente escollo que tiene que superar la víctima. El procedimiento habitual exige que se haga por escrito, pero en algunos casos excepcionales en los que no sea posible, también se podrá hacer de manera oral. Finalizado este trámite burocrático, el/la denunciante será conducido/a al hospital de La Paz. En este centro sanitario de Madrid es donde se centralizan las pruebas para corroborar la presunta agresión. El hospital y la comisaría variará dependiendo de la comunidad.
“En nuestro sistema judicial falta mucha perspectiva de género”, según la ministra Irene Montero
Los médicos forenses y ginecólogo de guardia se ocuparán ahora del transcurso de la investigación. Estos profesionales serán los encargados de recopilar aquellos indicios que puedan demostrar sí se ha producido esa agresión sexual y también determinar si se produjo consentimiento o no. Los pasos a seguir se dividen a su vez en otros cuatro aspectos.
En primer lugar habrá que observar las lesiones —que quedarán registradas en un parte médico— y la situación emocional que presente la víctima. Lo siguiente que deberán hacer, tan solo en caso de que el/la denunciante no recuerde qué ha pasado, es extraer muestras de orina y sangre. Estas pruebas determinarán si la persona se encontraba bajo efecto de sustancias —por ejemplo, drogas como la popularmente conocida “burundanga”— que alteren su voluntad y/o conducta y que incluso puedan producir amnesia temporal sin dejar rastro en el cuerpo.
Por último, los profesionales sanitarios tendrán que tomar muestras vaginales, anales y/o bucales para su estudio genético y también para encontrar, en caso de que lo hubiera, restos del agresor. La resistencia de la víctima también será un indicio fundamental, por lo que se recogerán restos hallados entre las uñas y se analizará su ropa en busca de pistas que ayuden a identificar al supuesto violador, como muestras de ADN en semen, pelos, saliva, etc.
Cuando se finalice la recopilación de indicios, las pruebas quedarán bajo custodia y serán enviadas a los órganos policiales pertinentes para continuar con la investigación. En caso de que se produjera una detención de un posible agresor, también se llevaría a cabo un proceso de reconocimiento para encontrar si tiene o no aspectos que lo relacionen con el/la denunciante.
LA POLÉMICA DE IRENE MONTERO
La polémica por las prácticas policiales se ha desencadenado después de que la ministra de Igualdad afirmara durante una intervención en el programa de Ana Rosa que “cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda” porque se juzga que al ir vestida con esta prenda “iba provocando”. Estas palabras fueron debatidas por la propia presentadora, quien le afeó que dijera eso porque “eso gracias a Dios en la Policía ya no ocurre, eso ocurría tiempo atrás”.
A pesar de esta interpelación, Montero no rectificó, sino que insistió en que “claro que ocurre” porque “en nuestro sistema judicial falta mucha perspectiva de género”. Un aspecto en el que remarca que hay que trabajar para conseguir un cambio. Estas declaraciones no tardaron en ser contestadas desde varios colectivos de Policía y Guardia Civil quienes recordaron que “ya no estamos en la época de Franco, donde quizás se hicieran prácticas así”. Algunos de ellos pidieron que la ministra se disculpara, otros fueron directamente a demandar su dimisión. Pero por el momento Montero ha preferido no ahondar en la polémica y ni se ha disculpado ni ha comentado el revuelo social que se ha formado a raíz de sus palabras.
Desde el Sindicato Unificado de Policía piden a la clase política que no hablen así del cuerpo. “Somos el escudo de la libertad y de la garantía del estado de derecho, no se puede poner en duda la profesionalidad de los policías que actúan con total rigurosidad”, añaden.
El secretario de Organización del SUP, José Antonio Rodríguez Neira, lamenta este tipo de comentarios e insiste en que “si de verdad le preocupan las víctimas de estos delitos lo que deben hacer es derivar todas sus energías a mejorar los medios técnicos e incrementar el número de efectivos adscritos a la UFAM”. El sindicalista recuerda que hace falta más personal para dar un servicio adecuado ante este tipo de delitos.
