La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García, ha destacado este lunes que los países que adelantan a España en el ranking sobre derechos del colectivo LGTBI son aquellos que reconocen en su legislación la autodeterminación de género, una medida que el Ministerio quiere aprobar a través de la Ley Trans.
En un acto organizado por CC.OO, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, García se ha referido al ranking realizado por la organización ILGA Europe, que representa a más de 600 entidades de más de 40 países europeos, y que sitúa a España en la quinta posición de entre los países con mayor respeto a los derechos de las personas LGTBI, por detrás de Malta, Luxemburgo, Noruega y Portugal.
En su intervención, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha indicado que en el país se puede «presumir de haber avanzado de una manera extraordinaria» en materia de derechos del colectivo y de ser un lugar «referente» en derechos donde sus habitantes pueden «amar y ser con unas altas cotas de libertad».
García ha destacado ese quinto puesto de España en el ranking, aunque ha precisado que quienes se sitúan en las cuatro primeras posiciones solo se diferencian con España en que ellos «contemplan en su legislación de una manera completa la autodeterminación de género».
«A ver si nosotros podemos pronto ponernos en ese lugar», ha señalado, en relación a la aprobación de la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad y que contempla esta medida y que, según ha denunciado el departamento que dirige Irene Montero, está siendo «bloqueada» por el PSOE en su tramitación.
Los socialistas se han mostrado en contra de esta iniciativa ya que consideran que el género es «una construcción social». La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asegura estar preocupada porque esta norma suponga una inseguridad jurídica para el resto de los españoles y denuncian que la autodeterminación supondrá el «borrado» de las mujeres y de los derechos por los que han luchado durante décadas.
«SÓLO FALTA UNA PARTE» PARA EL CONSENSO
Preguntada por la situación actual del texto, García ha indicado que Igualdad está «en negociaciones» son el socio mayoritario del Ejecutivo en «búsqueda de consenso para sacar adelante» esta ley. Según ha explicado, «hasta que no se garantice la plena autodeterminación y el derecho de los menores a ella «sin límite de edad», el Ministerio «seguirá buscando» con el PSOE el acuerdo al que se llegó en 2019 en el Congreso.
«Para ser muy clara: para llegar a este acuerdo solo falta una parte, para ultimarlo y alcanzarlo», ha declarado la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Gobierno.
En este sentido, ha puesto en valor las medidas que, a través de las leyes Trans y LGTBI, Igualdad quiere poner en marcha, entre las que destaca la despatologización de la transexualidad; el acceso del colectivo a la reproducción asistida; la formación en el ámbito educativo, sociosanitario y jurídico, entre otros; o la creación de un Consejo de Participación del colectivo que, según ha explicado, esperan poner en funcionamiento coincidiendo con el Orgullo 2021.
«Se trata de garantizar el pleno derecho al desarrollo de la personalidad», ha destacado García, quien ha recordado que la LGTBIfobia sigue siendo la tercera causa de denuncia por delito de odio; o que 1 de cada 10 mujeres lesbianas y bisexuales han «sufrido discriminación» en el trabajo. «En el Ministerio de Igualdad seguimos apostando por la necesidad imperiosa de una legislación de ámbito estatal de igualdad social para las personas LGTBI», ha insistido.
MEDIDAS DESDE CC.OO
Precisamente, en el acto, CC.OO ha presentado un documento que recoge algunas de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI en el ámbito laboral. En este caso, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad del sindicato, Elena Blasco, ha destacado que el 54% de las personas LGTBI no hacen visibles su orientación sexual en el trabajo «por miedo a posibles represalias o repercusiones» y que más de un 60% de ellas sufren «discriminación en el acceso al trabajo o en su búsqueda».
Con esta iniciativa, ha explicado Blanco, intentamos identificar «las carencias» que sufre el colectivo en este ámbito y reclamar medidas como eliminar las terapias de reconversión, la implementación de medias de atención integral a las víctimas de acoso laboral por motivo de orientación o identidad sexual; reivindicar la formación de profesionales y de empleados en las empresas; fomentar los currículums ciegos; o la negociación de convenios con cláusulas de inclusión.
El documento también llama a poner en marcha protocolos ante el acoso en el entorno laboral; introducir un régimen sancionador por discriminación o campañas de sensibilización en espacios laborales.
