El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se está excediendo de sus competencias. Al menos, es la percepción que tienen algunos sectores dentro del PSOE. El líder de Unidas Podemos ha utilizado dos asuntos sensibles para la política nacional para lanzar mensajes a los medios que condicionan las decisiones de los ministros que son autoridad en esa materia. Ambos, casualmente socialistas. Primero, utilizó las protestas de los agricultores para presionar al ministro Luis Planas, y, después, ha usado la crisis migratoria y las famosas devoluciones en caliente para condicionar la labor del de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Este Gobierno trata de dar una imagen de unidad. Sin embargo, en cada crisis que afecta al Ejecutivo está Iglesias dando su versión en los medios de comunicación y lanzando al aire palabras que condicionan la estrategia de los ministros competentes.
«Las devoluciones en caliente no respetan los Derechos Humanos, Marlaska sabe que eso no se puede producir», ha afirmado este lunes el vicepresidente. Unas declaraciones que tienen como objetivo condicionar la labor de Marlaska y darle un toque de atención desde arriba. «Este Gobierno tiene una política migratoria respetuosa con los derechos humanos, y es un consenso que las devoluciones en caliente no lo son», ha sentenciado.
Desde Interior sostienen en que siempre cumplirán con la legalidad. Pero las palabras de Iglesias no han sido interpretadas solo como una mera declaración de intenciones, sino como una injerencia en los ministerios que competen a los socialistas y una llamada de atención al propio Marlaska.
Los primeros pasos del ministro de Interior se encaminaron de forma discreta a endurecer los procesos de asilo y a mantener un perfil continuista respecto a la política migratoria. Algo que mantuviera el grifo medio cerrado en el sur y que controlara el paso de inmigración ilegal.
Estas medidas, o este perfil de actuación del Gobierno, recibió la semana pasada el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual emitió una sentencia que consideraba legales las devoluciones en caliente realizadas por las autoridades españolas. Fallo muy criticado por Unidas Podemos y que hacía referencia a la forma de proceder del Gobierno presidido por el PP. La sentencia considera que España no vulneró los derechos de dos africanos que fueron expulsados al momento de la frontera con España.
Las presiones de Podemos se dejaron notar al poco de conocerse la sentencia y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no tardó en dar la cara y aclarar un asunto que aseguraba entre líneas que el Gobierno no seguiría con esas devoluciones pese a que Marlaska continuaba cerrando las fronteras, hasta el punto de elevar un poco más las vallas que separan Ceuta y Melilla del resto de África. «La sentencia de Estrasburgo no avala las devoluciones en caliente», aseguró Calvo.
El otro en levantar la voz tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue el propio Marlaska, quien aseguró que la sentencia «reconoce» que el Gobierno «tiene mecanismos para pedir asilo de forma efectiva en consulados y en frontera». Y mientras endurecía los procesos para tramitar dichas peticiones, afirmaba que «la violencia de los migrantes es un límite a sus derechos fundamentales». Así que, ante la dubitativa posición de Marlaska, Iglesias ha querido dejarle claro este lunes que el Gobierno no continuará realizando devoluciones en caliente.
LA ENMIENDA A PLANAS
Pero no es la primera vez que el vicepresidente de asuntos sociales usa una crisis o un asunto político delicado para ejercer de portavoz del Gobierno de coalición. Y de paso, recordar a los ministros quién tiene el bastón de mando.
Los agricultores siguen en las calles pidiendo medidas para levantar la excesiva presión fiscal que hace peligrar su estilo de vida (algunos amenazan incluso con plantarse frente al chalet de Iglesias para pedir ayudas). Y mientras Planas no se había pronunciado abiertamente (o al menos no con medidas concretas), Iglesias afirmó en los medios que había que ceder ante las exigencias de este colectivo. Unas palabras provenientes de la vicepresidencia del Gobierno que condicionan la actuación del ministro y que, en caso de que Planas decidiera tomar otra decisión, escenificaría una ruptura de la coalición.
Algunos agricultores no recibieron de buena gana el apoyo del vicepresidente, ya que consideran que la subida del salario mínimo y el elevar impuestos en el carburante les ha afectado. Pero desde el PSOE, una vez más, no gustó que el líder de Unidas Podemos fuera por libre y no respetara las cadenas de mando y la autoridad de Planas (y Sánchez) respecto al asunto que afecta a este sector. Ahora, la Comisión Europea amenaza con reducir las ayudas a la agricultura un 14%, por lo que muchos de estos manifestantes podrían quedarse en la calle.
