Ciudadanos tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados antes de final de año su proposición de ley para la regulación de la maternidad subrogada, según avanzó el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
“Antes de que acabe 2018, debatiremos y veremos si se aprueba o no esa regulación”, explicó Rivera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha trasladado su apoyo a las familias españolas que están inmersas en procesos de gestación subrogada en otros países. El dirigente de Ciudadanos pidió al Gobierno español que “ayude a estas familias en el extranjero que sufren una situación muy complicada”, aunque precisó que el problema de fondo es que se van a Ucrania porque “en su país existe una hipocresía política”.
En este sentido, consideró que España tiene que “ser un país moderno” y liderar, “igual que hizo con la ley de plazos del aborto o con la legalización del matrimonio en parejas del mismo sexo” la regulación de la gestación subrogada.
Por ello, Rivera pidió al resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso que se busquen fórmulas para “intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial”, como “han hecho 14 países modernos y avanzados” y sin que “nadie pueda abusar de una situación de esa naturaleza”.
Los mal llamados vientres de alquiler están prohibidos en España desde 2006, con la ley socialista de reproducción asistida, pero desde el año 2010 el Ministerio de Justicia permitió de facto que los españoles pudieran buscar descendencia con esta técnica en el extranjero, al fijar la Dirección General de Registros y Notariados una serie de requisitos para que los consulados pudieran inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada.
“Hay que intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial como han hecho 14 países modernos”
Los requisitos más importantes eran –y son a día de hoy– que la técnica se lleve a cabo en un país donde esté regulada, que uno de los padres sea español y que exista una resolución judicial dictada por un tribunal competente en el que se determine la filiación del recién nacido. Este último trámite solo lo cumple Estados Unidos en la actualidad, de manera que aquellos países que permiten a los extranjeros ser padres por maternidad de sustitución –Canadá, Reino Unido, Grecia, México (solo en el Estado de Jalisco), Ucrania y Rusia– o donde existe un vacío legal –no se acepta pero tampoco se prohíbe, caso de Tailandia o Kazajistán–, al final resulta que los padres se encuentran con que el consulado inscribe en el registro como madre legal a la persona que ha dado a luz, y no a la que en realidad es la madre biológica.
Este hecho obliga a esta última a iniciar los trámites de adopción del niño cuando llega a España, un proceso que se suele dilatar varios meses y que, en ocasiones, complica la vida de los padres, como ha ocurrido ahora en Ucrania. Por ejemplo, se han dado casos de guarderías que han pedido la autorización de la gestante para aceptar al bebé. También de jueces que han exigido la presencia física de la misma antes de dar luz verde a la adopción que reclama la madre española. De ahí que la opción de Estados Unidos sea la más demandada, pese a que la factura puede llegar hasta los 120.000 euros.
California lleva más de 40 años con una ley pionera que es la más garantista. Allí se necesita un abogado, una agencia de donantes, una de gestantes y una clínica de fertilidad. En este sentido, la gestación subrogada está muy pautada en dicho Estado. Así, los futuros padres se pueden entrevistar con potenciales donantes y gestantes, y estas últimas eligen a su vez a qué familia quieren ayudar a tener un hijo.
Asimismo, las gestantes tienen que haber sido madres antes de participar en este proceso y si han sufrido embarazos o partos complicados es posible que el médico de la clínica de fertilidad no las considere aptas para estos procesos. Las gestantes deben aportar un historial médico y firmar los documentos formales de paternidad fruto de la fertilización a la que se va a someter de forma voluntaria. Si la gestante está casada, su marido también tiene que dar su consentimiento. Una vez que ha nacido el bebé, y con la sentencia de conformidad en la mano, los futuros padres acuden al hospital para que preparen el certificado de nacimiento, paso previo a la inscripción del niño en el consulado como ciudadano español.
RIVERA, PARTIDARIO DE LA LEGISLACIÓN DE CANADÁ
Entre 800 y 1.000 niños españoles nacen al año en el extranjero gracias al boom de la gestación subrogada, según los datos de la Asociación Son Nuestros Hijos, que dirige el ginecólogo Pedro Fuentes, quien ha participado en actos con Ciudadanos en el que el partido naranja.
Rivera es más partidario de una legislación como la de Canadá, que se basa en el altruismo pleno de la gestante, pero no será un camino de rosas en el Congreso de los Diputados, porque la gestación subrogada provoca división en todas las formaciones –a excepción de Ciudadanos–, llegándose al insólito punto de que una parte del PP, la más conservadora y afín a los postulados de la Iglesia católica, coincide en su rechazo a los vientres de alquiler con el ala más feminista del PSOE y Podemos, que están secundadas por asociaciones como No Somos Vasijas, que defiende que las mujeres “no se pueden alquilar o vender de manera total”.
