El secretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha subrayado que «nadie pone en duda» que la gestión de los centros penitenciarios es una competencia prevista en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, pero ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para ejecutar este traspaso competencial a partir del 1 de octubre es «la peor decisión» y llega «en el peor momento».
López, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria tras reunirse con la dirección del PP vasco, ha denunciado que la transferencia a las instituciones vascas de la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma, acordada este pasado lunes por los gobiernos central y autonómico, es una medida que no resulta «necesaria» ni «conveniente».
«No pongo en cuestión que la gestión y la ejecución de las penas es una competencia prevista en el Estatuto de Gernika», ha afirmado el dirigente del PP, quien ha subrayado que esto es algo que «nadie pone en duda».
No obstante, ha manifestado que han sido «muchos» los gobiernos que no han considerado «procedente» ejecutar el traspaso de esta competencia a las instituciones vascas. A su juicio, el hecho de que la transferencia se haya llevado a cabo ahora supone que se ha adoptado «la peor decisión del peor gobierno y en el peor momento».
López ha afirmado que la asunción de esta competencia implicará que la responsabilidad del tratamiento penitenciario de los reclusos que se encuentren en cárceles vascas recaiga en la administración penitenciaria vasca.
Esto, según ha dicho, supondrá «una serie de problemas» en los casos de presos condenados por pertenencia a ETA o por formar parte del «entorno» de la banda. Dichos «problemas» –según ha dicho– ya se han producido en Cataluña –la única autonomía hasta ahora que tiene competencias penitenciarias– en los casos de presos encarcelados por delitos relacionados con el proceso independentista.
Según ha afirmado, la Administración catalana se está dedicando a una especie de «distracción legal permanente» respecto a estos reclusos, al aprobar medidas como salidas de prisión o «beneficios penitenciarios» que han tenido que ser «revocados» por el Tribunal Supremo.
López ha afirmado que el «problema» reside en que una vez atribuida esta competencia al Gobierno Vasco, el cumplimiento de las penas de los presos recluidos en Euskadi dependerá de la Administración vasca, y únicamente el Ministerio Fiscal tendrá «legitimidad» para poder recurrir las decisiones que adopte esa administración.
FISCALÍA SIN «INDEPENDENCIA»
El dirigente del PP ha recordado que la Fiscalía General del Estado está dirigida por Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia del PSOE en la anterior legislatura y que –según ha dicho– no ofrece «ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad».
En este contexto, ha destacado la «importancia» de la propuesta planteada por el PP para permitir que las víctimas del terrorismo tengan también «legitimación» para poder recurrir las decisiones que adopte la administración penitenciaria.
ACERCAMIENTOS «VERGONZANTES»
López también se ha referido a los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a la comunidad autónoma, una práctica que en los últimos años han llevado acabo los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. El dirigente del Partido Popular ha denunciado que el acercamiento de reclusos de la banda que está llevando a cabo el actual gobierno socialista es «vergonzante», y ha criticado que se esté aproximando Euskadi a reclusos que no han pedido «perdón» por sus crímenes.
A su juicio, esto supone «una profunda ignominia» para las víctimas del terrorismo. «Se está acercando a presos por nada y para mucho», ha afirmado.
López, que ha apelado al «legado» de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA en 1997, ha calificado de «muy triste» que el Gobierno central haya «cedido al chantaje de ETA» para propiciar estos acercamientos. «Es muy triste que se haya desbaratado ese legado», ha insistido.
El dirigente del Partido Popular ha lamentado que el actual Ejecutivo sea «presa de los presos», tanto de los condenados por delitos relacionados con el proceso independentista de Cataluña, como de los reclusos de la desaparecida ETA.
En este sentido, ha advertido de que no se debe permitir que las cárceles vascas «se conviertan no en centros de cumplimientos de penas, sino en centros de negociación política».
ESTADO DE ALARMA
En su intervención, y en la misma línea mantenida horas antes durante la primera parte de su visita a Vitoria, López ha subrayado que el gobierno de la Comunidad de Madrid, del que es consejero de Justicia, «nunca ha pensado en pedir ningún tipo de estado de alarma».
En este sentido, ha calificado de «paradójico» que el Gobierno Vasco (PNV-PSE) «esté pensando», según ha dicho, en solicitar «un estado de alarma a la carta».
«Es paradójico que una comunidad autónoma gobernada por un partido nacionalista abrace un estado de alarma pidiendo que se decrete para el ámbito de esa comunidad autónoma», ha manifestado.
