El modelo penitenciario que el Gobierno Vasco espera implantar en Euskadi a partir del 1 de octubre, fecha en la que asumirá la competencia sobre la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma, contempla el establecimiento de un régimen de semilibertad inicial para penas de hasta cinco años. Además, prevé la posibilidad de crear de módulos mixtos en los que puedan convivir ambos sexos, y establece que el tratamiento de los presos de ETA será «sustancialmente idéntico» al que reciban el resto de los reclusos.
El Gobierno Vasco ha remitido este martes al Parlamento autonómico el documento de ‘Bases para la implantación del modelo penitenciario de Euskadi’, en el que se definen los criterios que guiarán su gestión de las prisiones una vez asuma esta competencia, reconocida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, pero cuyo traspaso se firmó este pasado lunes entre los ejecutivos central y vasco.
El documento, recogido por Europa Press, se fija el objetivo de conseguir que «un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad». El Gobierno Vasco también aspira a «mejora la situación» de los reclusos y de alcanzar su «eficaz inclusión social.
MEJOR «PROTECCIÓN» DE LAS VÍCTIMAS
Con ese fin, tratará de obtener «un compromiso y una exigencia personal» de los reclusos que se encuentren en un proceso de reinserción o inclusión social. A su vez, las medidas que impulsará el Ejecutivo autonómico estarán dirigidas a «proteger más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas».
En el texto se constata que la reinserción de los reclusos contribuye a lograr «una mayor seguridad pública», dado que «una persona insertada o incluida de manera exitosa en la sociedad respetará las normas penales». En este sentido, se indica que los estudios criminológicos «acreditan que existe una menor reincidencia delictiva si aquéllas acceden a la libertad definitiva desde aquellos regímenes».
Otra de las metas que se fija el Gobierno Vasco es lograr que la ciudadanía «tenga una mayor satisfacción y mejor percepción con relación al sistema penitenciario y de ejecución penal».
Entre otras reflexiones, el Ejecutivo constata la necesidad de tener en consideración de «las circunstancias y necesidades de personas con enfermedades graves, así como de internos mayores de 70 años o con periodos de largas condenas».
Asimismo, apuesta por la integración de las personas internas con enfermedades mentales en los centros de salud comunitarios, contemplando incluso el posible ingreso de algunas personas condenadas «en los centros de salud hospitalarios apropiados».
«REVALORIZAR» EL PAPEL DE LOS FUNCIONARIOS
El Ejecutivo autonómico es partidario de impulsar un proceso de «revalorización social de la función-labor de los funcionarios en su labor de resocialización de las personas privadas de libertad», así como de elaborar programas de inserción sociolaboral «que tengan continuidad en la Red de Reinserción Vasca».
Por otra parte, el modelo que se implantará en Euskadi contemplará una atención «específica y continuada» a las mujeres presas que son víctimas de violencia de género, a las que se proporcionará apoyo psicológico y asesoramiento específico.
En este sentido, se apuesta por dar continuidad al programa ‘Gakoa’ y similares programas de trabajo con hombres condenados por delitos de violencia de género, también en el régimen de internamiento.
SISTEMA RESTAURATIVO
También se asume el compromiso de ahondar en el concepto «restaurativo» como programa transversal, incluyendo actividades como el pago de la responsabilidad civil por parte del recluso, ejercer labores de interno de apoyo como modo de devolución social, o la participación en campos de trabajo de carácter comunitario.
En uno de los apartados del texto, que únicamente dedica a esta cuestión un párrafo de las 14 páginas que tiene todo el documento de bases, se subraya que «el tratamiento de las personas privadas de libertad con condenas de larga duración que han cometido delitos de terrorismo como miembros de ETA ha de ser sustancialmente idéntico que él que se realice con otras personas que estén internadas en los centros penitenciarios del País Vasco, por lo que las decisiones y medidas contenidas en este documento podrán ser también aplicables a aquéllas».
En otro de los apartados del documento se establece que se tratará de contar con «suficientes módulos específicos para mujeres» y de introducir, en su caso, «módulos mixtos donde puedan convivir ambos sexos».
