Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, se sentará este martes en el banquillo de los acusados por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, por lo que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros.
El juicio se celebrará en la Sección 17ª de la Audiencia Provincial este 11 de mayo, aunque está previsto que continúe durante el 12 y el 13, después de hasta tres aplazamientos, debido a la pandemia de coronavirus y porque la entonces abogada de Gómez Iglesias denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia.
La primera sesión estará marcada por los interrogatorios a Gómez Iglesias y a los otros dos acusados –dos policías que le habrían ayudado–, a los que seguirán los primeros testigos, tres policías nacionales. Las testificales, cerca de una veintena, se prolongarán miércoles y jueves, cuando está previsto que quede visto para sentencia.
Gómez Iglesias, que ahora tendrá como abogado defensor a Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, será juzgado por el viaje que hizo a Ribadeo el 13 de agosto de 2014 simulando ser un alto cargo para reunirse con un empresario, «con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo», según el escrito de la Fiscalía.
AYUDADO POR DOS POLICÍAS
Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios policiales para «aparentar el carácter oficial». Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez. El primero recibió del ‘Pequeño Nicolás’ un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.
‘El Pequeño Nicolás’, los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches –a los que Gómez Iglesias había contratado y a los que hicieron creer que era un viaje oficial– partieron a Ribadeo en una «comitiva». Los coches alquilados llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el propio acusado en su ordenador, a lo que se sumaban los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y ‘pinganillos’ que el agente González había retirado de dependencias policiales.
Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que ‘El Pequeño Nicolás’ había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».
Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes de comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar al ‘Pequeño Nicolás’ de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma «comitiva» a Madrid.
HORIZONTE JUDICIAL
Por estos hechos, ‘El Pequeño Nicolás’ está acusado de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y la Fiscalía de Madrid le pide un total de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros, cerca de 81.000 euros en total.
Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.
Se trata solamente de uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.
La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa de ‘El Pequeño Nicolás’ alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.
