El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este viernes que su departamento «mejorará los niveles de renta de acceso» al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a «finales de 2021».
En una entrevista en TVE, Escrivá ha explicado que el objetivo de sus políticas es «ir ampliando progresivamente» esta ayuda a otras prestaciones, por ejemplo, por hijo a cargo o por unidades de convivencia, a unidades familias con rentas más altas pero con hijos.
«Hay distintas prestaciones e incluso se habla en el Plan de Recuperación de extenderlo a todo el ámbito retributivo de prestaciones a través del SEPE», ha indicado. El ministro ha señalado, en este sentido, que existe una intención de que el IMV «se convierta en un pilar fundamental del Estado en cuanto a pensiones no contributivas».
Sobre la situación actual de esta prestación, el ministro ha señalado que se han recibido 1,3 millones de solicitudes desde que la ayuda se puso en marcha y que en su resolución, el Ministerio se ha encontrado con niveles «muy altos» de renta y patrimonio, «claramente por encima de lo que exige el IMV».
Además, Escrivá ha indicado que, a pesar del alto número de solicitudes, hay algunas unidades familiares que ellos tenían contabilizadas como beneficiarias de la prestación que no la han reclamado. Su departamento, ha explicado, estudiará también estos casos para saber por qué no han solicitado el IMV e, incluso, si se puede llegar a estas familias por otros canales.
Precisamente, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha mostrado su «preocupación» ante el aumento de personas sin recursos que acuden a asociaciones vecinales, a las denominadas ‘colas del hambre’, para cubrir sus necesidades básicas, y que están a la espera de la resolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
«El Defensor del Pueblo debe poner de manifiesto su preocupación por el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para enfrentar el coste de sus necesidades familiares de subsistencia, y que están siendo respaldadas por las asociaciones vecinales y colectivos sociales», subraya Fernández Marugán en el informe anual de la institución correspondiente a 2020 que presentó este jueves de forma telemática ante el Parlamento.
