El grupo parlamentario Ciudadanos ha planteado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a suspender «cualquier modificación» de las normas de explotación de las infraestructuras hidráulicas hasta que se apruebe un nuevo plan hidrológico nacional a no ser que ese cambio cuente con el respaldo de «la totalidad» de las comunidades autónomas afectadas.
Además, en su iniciativa no legislativa plantea debatir en el marco de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso instar al Gobierno a impulsar un Pacto nacional del Agua que esté adaptado al cambio climático y de manera consensuada con la sociedad civil, las fuerzas políticas con representación parlamentaria y las comunidades autónomas.
Para la formación naranja este pacto deberá incluir «al menos», una propuesta de reforma del Plan Hidrológico Nacional de 2001 para actualizar sus previsiones a la «nueva realidad» medioambiental de España, con el objetivo de garantizar la gestión eficiente de los recursos hídricos basada en criterios eminentemente técnicos, la plena disponibilidad como recurso en todo el territorio, la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
Asimismo, consideran que este nuevo plan hidrológico debería incorporar un rediseño institucional de la gobernanza y gestión del agua como bien general, de manera que tenga en cuenta el problema de la interrelación de cuencas, demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales, así como la puesta en marcha de procedimientos de resolución de disputas y conflictos.
En tercer lugar, Cs plantea que se adaptan las infraestructuras hidráulicas, tanto las nuevas como las existentes a los riesgos y condicionantes del clima.
Por otro lado, propone instar al Gobierno a acelerar los trabajos para la aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas españolas, en línea con los objetivos de la Unión Europea en materia de recursos naturales, así como la futura ley de Cambio Climático y, en su caso, la reformada Ley del Plan Hidrológico Nacional, garantizando que cualquier cambio sustancial respecto del régimen vigente cuenta con el necesario consenso de las partes afectadas.
