El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este jueves en su llamamiento al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), argumentado que tras la retirada de la última propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales «ya no hay excusas», y le ha emplazado a retomar las negociaciones después del 4 de mayo, «haya pasado lo que haya pasado» en las elecciones madrileñas.
«Yo espero que el mismo día 5 nos volvamos a sentar con todas las energías, haya pasado lo que haya pasado el día 4, y demos al país lo que está esperando, que es la renovación de sus órganos constitucionales», ha dicho Campo en una entrevista concedida a ‘La Mesa de Análisis’ de Canal Sur, al ser interrogado sobre este asunto.
El titular de Justicia ha considerado que, después de que el Gobierno pidiera a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos que retiraran la proposición de ley para cambiar las mayorías por las que se elige a los vocales del CGPJ, que permanecía «congelada», y de que así se haya hecho, ya «no hay excusas» para que el PP se niegue a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
No obstante, se ha mostrado consciente de que hay cierta «incidencia» de «elementos políticos» en este tema. «Es lógico. En todo, los acontecimientos de la vida van condicionado», ha razonado, para reiterar: «El día 5, ojalá, sea el definitivo para emprender la recta final y, si no, habrá que buscarlo, porque lo que sí tengo muy claro es que no hay alternativa».
Interrogado sobre el veto del PP a los dos candidatos que habría propuesto Unidas Podemos para el nuevo CGPJ, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, Campo ha contestado que «no es un problema de vetos», sino de elegir a «los mejores» con «amplia mayoría». «Hay que trabajarlo, y el primer nombre que aparece, a lo mejor, no lo veo bien, pero hablando podemos llegar siempre a un punto de acuerdo», ha expuesto.
Sobre la posibilidad de que los partidos del Gobierno renuncien a algún candidato para favorecer el acuerdo, el ministro ha subrayado que «no es una cuestión de renunciar, porque entonces ya implica que uno ha perdido».
En cualquier caso, ha defendido que «no parece razonable que vetes a nadie por un párrafo en una resolución», en clara alusión al juez De Prada y a su sentencia sobre la primera época de la ‘Gürtel’, en la que señaló al PP como partícipe a título lucrativo.
LA IMAGEN DE LA JUSTICIA, «CULPA DE TODOS»
Por otro lado, se ha referido a la imagen de politización de la justicia, tanto entre la propia carrera judicial como entre los ciudadanos. En el primer caso, y a raíz de la movilizaciones de jueces en redes sociales y de la carta de asociaciones a instancias europeas, Campo ha aclarado que no comparte la opinión de esa «mitad» de los togados, reivindicando que según las propias encuestas del CGPJ los jueces se sienten «rabiosamente independientes».
Sí ha reconocido «un clima de tensión» que ha atribuido a «la urgente necesidad de renovar el Consejo, el Tribunal Constitucional y las altas instituciones del Estado», incidiendo –en otro mensaje al PP– en que hacerlo es una «obligación constitucional» y que «no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial».
«Por tanto, lo que está fallando no es la independencia, es la percepción de esa independencia, y en eso tenemos mucha culpa todos y tenemos que hacer un ejercicio de reflexión», ha apostillado sobre la imagen de la Justicia entre el resto de ciudadanos.
Para mejorarla, ha vuelto a lanzar su propuesta de «potenciar» la imagen de independencia a través de «tres caminos»: que la lista de candidatos que hacen los propios jueces y envían a Congreso y Senado sea más corta –de 50 a 36–, que una comisión parlamentaria haga una primera criba y que las decisiones en el seno del CGPJ se tomen por 13 votos. «Es una oferta que está hecha desde el 17 de febrero y creo que el PP la compra, la ve con buenos ojos», ha afirmado.
Si bien ha confiado en que esta oferta sirva de «preludio» para el acuerdo, ha aclarado que sobre la mesa de negociaciones no está la opción de que este CGPJ sea el último elegido por el sistema vigente, al tiempo que ha criticado que «estos mismos que quieren los cambios rápido luego, si se hacen rápido, te dicen ‘¿por qué se ha saltado los trámites’?». «O blanco o negro», ha planteado.
LOS INDULTOS DEL ‘PROCÈS’
También se le ha preguntado por el estado en el que se encuentran las solicitudes de indulto formuladas a favor de los condenados por el ‘procès’. «Tramitándose, todo en orden», se ha limitado a decir.
En estos momentos, ha recalcado, «el Tribunal Supremo es el que tiene el control y, a su vez, también lo pierde, porque tiene que pedir informes a uno y a otro». «Cuando llegue a la mesa del Ministerio es cuando esa pregunta me va a apretar, porque tendré que estudiarlo, valorarlo y hacer una propuesta al Consejo de Ministros», ha admitido.
MARLASKA, «JUEZ SENSACIONAL» Y «MINISTRO DE LUJO»
Asimismo, ha hablado sobre la polémica desatada por unas declaraciones del ministro de Interior y juez, Fernando Grande-Marlaska, en las que calificó al PP de organización criminal. «Marlaska es un juez sensacional y un ministro de Interior de lujo, y ya está. A partir de ahí, tiene su libertad de expresión», ha zanjado.
Al hilo de esta cuestión, se ha pronunciado sobre las «puertas giratorias» entre la justicia y la política para mostrarse en contra de impedir que los jueces participen en la vida política. «Creo que eso es un mal sistema porque lo lógico es que un país permita que se confluya a la política desde todos los planos de la sociedad», ha defendido.
Además, ha apuntado que «el sistema se protege a sí mismo», de modo que, poniéndose él mismo de ejemplo, ha explicado que cuando vuelva a ejercer de juez no podrá pronunciarse sobre determinados asuntos y, en el caso de que no lo haga voluntariamente, se le podrá recusar para apartarle del caso.
