La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión adoptada por el juez instructor del caso ‘Púnica’, Manuel García Castellón, de archivar la causa con respecto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes al entender que no se ha acreditado su participación en la adjudicación a dedo de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Cantoblanco o en la financiación ilegal del PP madrileño.
En un escrito con fecha de este miércoles, la acusación popular, «bajo cuya coordinación actúa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)», no comparte la postura del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 al considerar que se ha precipitado a la hora de dictar un auto de sobreseimiento provisional con respecto a la expresidenta madrileña y otros dos investigados, la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.
Adade solicita en su recurso de apelación que se anule dicha resolución al entender que es «absolutamente incongruente con lo actuado». La acusación popular coincide con el juez García Castellón que la instrucción relativa a los contratos de Cantoblanco con la Asamblea de Madrid está «efectivamente finalizada», pero creen que la decisión de archivar el procedimiento con respecto a estas tres personas podía haber esperado al cierre completo de la instrucción, que se prevé próximo.
En este sentido, recuerda Adade que en junio de 2020 el magistrado rechazó la solicitud de archivo de algunos de los investigados, por lo que no entiende «qué sentido tiene el precipitarse a sobreseer sin razonamientos sólidos». «Podía haber tranquilamente esperado al auto de transformación –resolución por la que se pone fin a la instrucción de una causa y se propone juzgar a los investigados contra los que se considera acreditados los indicios de delito–«, que al incluir un relato completo de los hechos hubiese tal vez conseguido fundar mejor su decisión y que la misma resultase al menos razonable y razonada».
Esta postura no es compartida por la Fiscalía Anticorrupción, pues, no se opondrá a la decisión adoptada por juez García Castellón el pasado 20 de abril. Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó la imputación de Cifuentes y otros dirigentes madrileños como la expresidenta Esperanza Aguire en agosto de 2019.
PARTICIPACIÓN DE CIFUENTES EN LA MESA DE CONTRATACIÓN
A lo largo de 44 páginas, Adade, que hace un repaso cronológico de todas las diligencias practicadas en el marco de la pieza 9 del caso ‘Púnica’, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, subraya que en los años 2009 y 2011 el «único criterio objetivo» que evaluaba el órgano de contratación para las adjudicación del servicio de cafetería era el precio, mientras que el resto de criterios eran supervisados por el comité experto, del cual era miembro Cifuentes.
En este sentido, apunta que la expresidenta regional participó «directamente» en el órgano de contratación, con «superioridad» al ocupar en ese momento la Vicepresidecia de la Mesa de la Asamblea de Madrid y al ser «miembro del partido que ostenta la mayoría en la misma».
A todo ello añade que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documenta en sus informes aportados a la causa «múltiples irregularidades administrativas (por ejemplo que los certificados de experiencia se tomen o no en cuenta dependiendo de quien los presente) en las que incurren ambos procedimientos de adjudicación», y así lo pusieron de manifiesto dos de los testigos llamados a declarar.
Asimismo, Adade destaca que tanto en la campaña electoral de 2007como en la de 2008 –periodo que entra dentro del marco temporal objeto de la investigación– Cifuentes era la secretaria ejecutiva de Política Territorial del Partido Popular de Madrid, y por tanto formaba parte de los comités de campaña siendo «la encargada de garantizar la asistencia a dichos actos de dirigentes y público».
Por tanto, en opinión de la acusación popular, «no se necesita ser muy imaginativo para deducir» que para poder desarrollar sus funciones debía contar «con información e incluso mano en la organización de los mismos» y tener «una idea aproximada del presupuesto de los mismos».
«Tenía que estar en contacto con el equipo que lo organizaba y tendría en algunos casos que pedir modificaciones a fin de satisfacer las necesidades de los dirigentes, lo que en muchos casos podrían suponer alteraciones en los presupuestos, por lo que también debería de estar en contacto fluido con quien llevase las cuentas o autorizase el gasto», afirma el escrito, que además recoge fotografías de Cifuentes con Daniel Horacio Mercado, quien habría realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.
«No puede ser casual que aparezca en las fotos relativas a la campaña de 2007 en la que ella formaba parte del comité de campaña, pero además en el listado de regalos de Over Marketing –empresa de Horacio Mercado– consta como receptora de un Bolso de Loewe, con lo que difícilmente puede la investigada negar conocerle», añade el escrito.
CUESTIONA LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA DEFENSA
Asimismo, cuestiona las pruebas de la defensa destinadas a acreditar que Cifuentes no asistía a las reuniones de la Fundación Fundescam –vinculada con el PP de Madrid– y que tampoco se le informaba de las donaciones desde este organismo. «Si la señora Cifuentes quería demostrar su inocencia, lo que debía demostrar no era su inactividad como miembro de un patronato ficticio y sin actividad ninguna, sino su diligencia en el desempeño de sus labores, las veces que reclamó información o solicitó que se le facilitasen las cuentas antes de su aprobación a fin de poder estudiarlas».
«Con la línea de defensa seguida, sólo demuestra lo obvio, que Fundescam no tenía actividad, y que solo era una tapadera», enfatiza la acusación popular, que recalca que los informes de la UCO relativos a la financiación de campañas electorales 2007, 2008 y 2011 por el Partido Popular, documentan que la Fundación se en parte se nutría de donaciones de diversos empresarios, que presuntamente buscaría adjudicaciones públicas.
En este sentido, hace hincapié en que el propio Arturo Fernández reconoció en sede judicial que en marzo de 2007, en periodo preelectoral, que su grupo realizó dos donaciones realizadas a Fundescam, una por 100.000 euros y otra por 60.000 euros.
DUDAS SOBRE EL ARCHIVO PARA OTROS INVESTIGADOS
En cuanto al archivo con respecto al presidente de los empresarios madrileños, Adade señala que el auto de García Castelló no lo argumenta de forma suficiente. «No queda claro si porque no es delito(sobreseimiento definitivo) o porque no hay indicios (sobreseimiento provisional) que es el que se acuerda», afirma.
Asimismo sobre la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, la acusación popular tampoco entiende que haya acordado su archivo cuando hace un año rechazó el archivo «insistiendo en que los indicios para su consideración como investigada permanecen y que no es el momento procesal oportuno» y desde entonces no se han practicado diligencias que demuestren lo contrario.
