El Pleno del Senado ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energético con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Vox, que ha votado en contra, y el PP, que finalmente se ha abstenido. En su paso por la Cámara alta, el texto ha incorporado algunas enmiendas, lo que obliga a devolver la ley al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación legislativa, antes de su remisión definitiva al Boletín Oficial del Estado.
En el Congreso de los Diputados, PP y Más País se abstuvieron, mientras que en la Cámara alta el PP ha mantenido su abstención y Más País se ha decantado finamente por apoyar la ley.
No obstante, pese al mayoritario respaldo, todos los grupos de la oposición han criticado que el proyecto legislativo se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, de modo los senadores apenas han contado con 14 días para presentar y analizar 585 enmiendas, un plazo que dada la «importancia» y «trascendencia» para el futuro del país distintos senadores han calificado cuanto menos de «insuficiente».
Asimismo, han manifestado que esta urgencia ha impedido un debate sosegado y ha ninguneado las funciones de representación territorial de la Cámara alta que queda como «un órgano de lectura rápida», entre otras críticas. De hecho, varios grupos han destacado que el hecho de que se hayan planteado cerca de 600 enmiendas al texto da cuenta de lo «apresurado» del procedimiento y de la capacidad y voluntad de los grupos de mejorar la norma.
El único grupo que se ha opuesto, Vox, presentó un veto a la ley para que el proyecto fuera devuelto al Gobierno y que ha obtenido el rechazo del resto de grupos parlamentarios.
En su defensa, el senador José Manuel Marín alertó de que la ley de cambio climático busca «cambiar radicalmente» la economía, la sociedad y el modo de vida de los españoles con el «nuevo mantra» de la emergencia climática. Así, ha criticado que los objetivos propuestos en la normativa superan los recomendados por la Unión Europea, lo que supedita el crecimiento de la economía, la competitividad de las empresas y la seguridad de los ciudadanos.
El senador considera que España debe seguir «comprometida por el medio ambiente» pero «no a cualquier coste» y ha acusado al Gobierno «socialcomunista» de querer ser «más verde que nadie» y de usar la emergencia climática como un «pretexto para intervenir la sociedad» y el «dirigismo».
«El cambio climático es el nuevo ‘mantra’. El alarmismo climático hace las veces de una nueva religión», ha manifestado, antes de cuestionar algunos datos de instituciones científicas y señalar que esta ley se erige en «pitonisa del futuro» y desatiende aspectos que perjudican la competitividad en su «obsesión de erradicar los combustibles fósiles».
Durante la defensa del turno en contra, la vicepresidenta del Senado y senadora socialista, Cristina Narbona, ha rechazado con «toda contundencia» el veto presentado por Vox en «cada uno de los elementos esgrimidos» y porque el modelo social, económico y político que defiende su grupo parlamentario está «en las antípodas» de la formación verde.
De hecho, ha afirmado que el cambio climático está en el primer lugar de las prioridades socialistas porque supone un «desafío ético a escala global» y una «amenaza a los derechos humanos». En la misma línea, han rechazado el veto de Vox el resto de formaciones.
Desde el PP, el senador José Manuel Juncal ha criticado la tramitación de urgencia de una ley como esta porque «deja en entredicho el trabajo de la cámara» sin razón alguna «más allá de la propaganda y la publicidad» del Gobierno que quiere adueñarse de la etiqueta de «los más verdes» y lamenta la falta de debate para que esta hubiera sido «una ley de todos». Así los populares han votado a favor de 110 enmiendas «de todos los grupos» en aras del consenso y ha señalado que le hubiera gustado votar a favor pero que el PSOE lo ha hecho «imposible».
El resto de grupos de la oposición, desde PRC, Geroa Bai, EH-BILDU, Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera, Compromís, UPN, PAR, JxC, ERC, CS y PNV han lamentado el procedimiento de tramitación que ha impedido un debate «sosegado» y «suficiente». Solo Adelante Andalucía ha manifestado que la urgente necesidad de contar con la nueva ley justifica de por sí el procedimiento de urgencia de la norma.
Sin embargo, han defendido la «necesidad» de la ley cuyos objetivos han sido calificados de «poco ambiciosos» para mitigar el daño que provocará el cambio climático. Si bien, han dado la «bienvenida» a esta la Ley con la que España deberá cumplir sus compromisos internacionales y europeos adquiridos para contribuir a limitar a 1,5ºC el aumento de la temperatura global de aquí a final de siglo.
El último en cerrar el debate ha sido el senador socialista Ander Gil, quien ha celebrado que la ley salga adelante porque lo contrario «no se entendería» y dirigiéndose a los senadores les ha dicho que son «protagonistas» de una ley de la que se sentirán «muy orgullosos» cuando echen la vista atrás. «Tenemos en nuestras manos nuestro destino y el de nuestros hijos y no podemos fallarles», ha concluido.
INCORPORACIONES
Además de algunas modificaciones de mejora técnica o correcciones de redacción de la norma, el Senado ha respaldado las enmiendas presentadas por Ciudadanos al artículo 20 relativas a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre por el que los plazos no podrán superar lo establecido en la ley de costas vigente.
En el caso de las instalaciones industriales ese plazo de duración del título de concesión comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso.
Por otro lado, los grupos han pactado una enmienda para suprimir una disposición final de la ley, la duodécima, para que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones.
De ese modo, se recupera la redacción inicial del proyecto legislativo, que no incluía tal disposición final, tras considerar los grupos que suponía una invasión de competencias municipales.
Otra de las incorporaciones es una enmienda, presentada por el senador balear de MES Vicen Vidal para mejorar la protección expresa de las praderas de posidonia en el marco del artículo 22, que recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.
Una vez aprobada la Ley de Cambio Climático en el pleno, ahora la Cámara alta devolverá al Congreso de los Diputados el texto normativo para que incorpore estos últimos cambios y de finalmente luz verde a la primera ley climática nacional, seis años después de que España suscribiera en 2015 y ratificara en 2016 el Acuerdo del Clima de París.
Los objetivos de la ley prevén una reducción de los gases de efecto invernadero del 23 por ciento de aquí a 2030 respecto a 1990; alcanzar un 42 por ciento de renovables en el consumo final de energía; la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; prohíbe las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio. Con estas y otras propuestas, la Ley fija el objetivo de que España alcance, a más tardar, en 2050 la neutralidad climática.
