El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha solicitado este lunes una homogeneización de la normativa que afecta a ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personas (VMP) en toda España.
Así se ha expresado Bartolomé Vargas durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.
En su intervención, Vargas ha explicado su propuesta que pasa por que bien la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial bien la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte sistematicen las normas sobre ciclistas, peatones y patinetes, que son colectivos «esenciales en el nuevo diseño de ciudad».
De este modo, el Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial reclama que tengan «un régimen normativo y no estar en preceptos aislados, sino sistematizados». En este punto, ha apuntado que las ordenanzas municipales son las que regulan esta cuestión, pero «tienen que someterse a la legislación estatal».
«Con lo cual, yo veo imprescindible que en una ley o en otra se aborde una homogeneización de la normativa sobre ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personal que ofrezca seguridad jurídica y se complemente con las ordenanzas municipales», ha declarado, al tiempo que ha subrayado que esto «mejorará, a buen seguro, la seguridad vial y la movilidad sostenible».
LAS VÍCTIMAS, LO MÁS IMPORTANTE
Durante su comparecencia, el fiscal ha vuelto a reiterar que lo más importante en materia de seguridad vial son las víctimas de los siniestros, por lo que ha recordado el reciente oficio que ha remitido a todas las policías judiciales de tráfico de España para que levanten más atestados de siniestros viales y así aumenten las causas penales que den mayor protección a las víctimas.
«El año pasado, esta pandemia de la siniestralidad vial género 1,35 millones de fallecidos, el Covid, 1,8 millones. A lo mejor ya este año va a haber más fallecidos por siniestralidad vial que por Covid. Estos son los datos de tras de los cuales no nos podemos olvidar», ha apuntado, para después añadir que las víctimas de accidentes de tráfico se quejan «con razón» de que no reciben la atención «jurídica y moral debida» en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención a las víctimas.
Además, el fiscal ha hecho hincapié en que «es el número más elevado de víctimas por infracciones penales del país, pero pasan desapercibidas» y son «invisibles», porque «no hay suficiente conciencia vial», porque «no se ve tanto el delito» y no hay «suficiente reproche moral a estos comportamientos», a pesar de que las condenas son «muy elevadas». Así, ha agregado que se trata de una cuestión «principalísima» aún por resolver.
También en relación con las víctimas, Vargas ha detallado que trabaja en un protocolo con la Dirección General de Seguros, compañías aseguradoras, el Consejo General de la Abogacía, víctimas de accidente de tráfico, consorcio del seguro, para que las instrucciones antes mencionadas se complemente con «un acuerdo de todos para eliminar las malas praxis y consolidar las buenas», y que «sea un circuito económico transparente» y el dinero «vaya donde tenga que ir», a los profesionales y a las víctimas «en las cantidades en las que legalmente les corresponden».
Por otro lado, el fiscal ha apuntado que la Unión Europea sostiene que distintas investigaciones indican que disminuir de 25 a 15 minutos el tiempo entre el accidente y la llegada de los servicios médicos de urgencias reduce un tercio las muertes. Así, ha anunciado que la Fiscalía trabaja en un protocolo en este momento de coordinación con la Dirección General de Tráfico, policías, servicios sanitarios, emergencias, etc. para lograr esta rebaja y evitar el incremento de fallecidos en las carreteras.
El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial también ha adelantado que en junio publicará un dictamen para fiscales y un oficio para las policías a fin de impulsar la aplicación del Artículo 385 Bis del Código Penal que establece que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a 40 días, el que originare un grave riesgo para la circulación «no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo». Así, ha indicado que irá acompañado de una mejora del catálogo de puntos negros y «un esfuerzo de todas las autoridades coordinadas».
En la sesión de este lunes, el portavoz de Seguridad Vial del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Gamazo, ha denunciado la «intolerable» ausencia del Gobierno, cuya presencia estaba prevista para contestar a las preguntas que habían sido formuladas por escrito y que, al no haberlas contestado en el plazo establecido, debía responder oralmente en la Comisión. Para el portavoz ‘popular’, esta ausencia es «un desprecio al GPP, a todos los grupos y a la labor que realizan».
