La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mantenido este lunes que la condena a Juana Rivas «sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la justicia», después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena por delito de sustracción de menores aunque rebajando la pena de prisión de cinco años a dos años y seis meses.
Tras conocer la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Irene Montero ha sostenido a través de su cuenta de Twitter que «también le debemos reparación a las madres que son perseguidas por proteger a sus hijos e hijas de la violencia de género». «No descansaremos hasta hacerlo realidad», ha agregado.
Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de Italia –donde tenían fijada su residencia habitual-– para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores, si bien la justicia italiana ha ido archivado las distintas denuncias que ha presentado.
En la sentencia del Supremo, Juana Rivas es condenada a dos años y seis meses de prisión, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus dos hijos y a que indemnice a su expareja en 12.000 euros y al pago de la mitad de las costas.
Los hechos probados señalan que en mayo de 2016 Juana Rivas viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), donde llevaba conviviendo tres años con su entonces pareja. El 2 de agosto le comunicó que no iba a regresar a Italia y escolarizó a los niños en un colegio de Maracena (Granada).
El progenitor, que tenía la guarda y custodia provisional de los dos menores, denunció los hechos y un juzgado de Primera Instancia de Granada acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos niños. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. Rivas entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra su condena por entender que su conducta integra un delito –y no dos– de sustracción de menores del artículo 225 bis, que protege los derechos del padre y no de cada uno de los menores. Este motivo también ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal.
