La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha impugnado ante el Tribunal Supremo (TS) la designación de Eduardo Esteban como fiscal de sala delegado de menores al considerar que podría ser «arbitraria».
«Hemos presentado un recurso contra el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala delegado de menores. Tenemos razones de fondo para entender que este nombramiento puede incurrir en arbitrariedad», ha anunciado en Twitter.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propuso a Esteban –actualmente fiscal del Tribunal Constitucional (TC) que fue jefe de la Fiscalía de Madrid–, durante el Pleno del Consejo Fiscal celebrado el pasado 12 de marzo, en el que se acordaron otros nombramientos discrecionales en la cúpula del Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado (FGE), según plasmó en un comunicado, valoró como «méritos indiscutibles» la «capacidad de gestión» demostrada por Esteban como jefe de la Fiscalía de Madrid –-«la fiscalía territorial más numerosa y compleja de todo el territorio nacional»–, su «talante y disposición para generar sinergias positivas», y «el conocimiento y sensibilidad en una materia tan especial», así como su «extensa experiencia en materia de protección de derechos fundamentales».
Sin embargo, la Asociación de Fiscales considera que el nombramiento de Esteban «puede ser arbitrario» teniendo en cuenta el mérito, la capacidad y el escalafón, los planes de actuación presentados y los argumentos esgrimidos para fundar su designación, según ha explicado la portavoz de la AF, Cristina Dexeus.
Frente a ello, ha hecho valer la candidatura de José Miguel de la Rosa, fiscal experto en menores que está adscrito a la Fiscalía del Supremo. En primer lugar, la AF no entiende que pudiendo nombrar a «uno de los máximos especialistas en menores» se haya optado por un fiscal «ajeno por completo» a la materia.
En segundo lugar, se ha quejado de que para designar a Esteban se le tiene que ascender a la categoría de fiscal de sala, un rango que ya tiene De la Rosa, «con lo que esa fiscalía sigue incrementando su número, superando con creces la plantilla, lo que además supone un coste adicional».
A este respecto, la portavoz de la AF ha recordado que la junta de fiscales de sala tiene mucha relevancia porque, entre otras cuestiones, asesora a la jefa del Ministerio Público en aspectos jurídicos.
DESIGNACIONES POLÉMICAS
La Asociación de Fiscales ya impugnó el nombramiento del fiscal del TS Javier Zaragoza como refuerzo contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, advirtiendo de que se habría hecho sin respetar las funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) reserva a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.
El jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, también hizo pública su discrepancia con la decisión de Delgado, calificando el nombramiento de Zaragoza como «ilegal e improcedente» porque se habría hecho a sus espaldas.
Finalmente, Zaragoza presentó su renuncia «irrevocable» a Delgado, que la aceptó subrayando, no obstante, que fue elegido para dicho cargo por su «alta especialización» y «dilatado bagaje» en la materia.
NUEVA CONVOCATORIA
La Asociación de Fiscales ha acusado recientemente a Delgado de tener «querencia» por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenece– a la hora de realizar nombramientos discrecionales en los altos estratos de la FGE.
Este extremo es negado desde la Fiscalía General que, defiende el equilibrio en las designaciones realizadas por su actual titular desde que accedió al cargo.
Las mismas fuentes han señalado que, de los 58 nombramientos que ha hecho Delgado desde que tomó las riendas de la FGE, ninguno ha sido en minoría, precisando que 54 fueron por mayoría, 25 por unanimidad y cuatro por empate de pareceres.
En este contexto, Delgado firmó una orden publicada en el BOE el pasado 10 de abril por la que se convocan un total de 20 vacantes de libre designación, entre las que destacan la del fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer de la FGE y destinos en el Constitucional, el Supremo, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.
