Los negocios e inversiones de las diócesis españolas ofrecen una alta rentabilidad. Los obispos logran recaudar por sus inversiones financieras, alquileres de inmuebles y otras actividades económicas 94 millones de euros al año. Estas cifras las alcanzan cuando están a punto de sentarse con el Gobierno para tratar sobre qué edificios podrán seguir beneficiándose de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La diócesis que consigue unos ingresos más altos por los rendimientos de su patrimonio es, con gran diferencia, Toledo, que casi alcanza los 12 millones de euros. Once de ellos son por actividades económicas, mientras que ingresa 241.000 euros por alquileres de inmuebles y 283.000 como ingresos financieros. Esta cifra es excepcional, como lo es el hecho de que suponga más de la cuarta parte del total de sus ingresos.
En las últimas cuentas presentadas por el episcopado, a la diócesis de Toledo le siguen las de Cádiz y Córdoba, que consiguen ingresar 5,1 y 4,8 millones de euros respectivamente como rendimientos de su patrimonio. Estas se encuentran incluso por encima de las de ciudades más grandes, como las diócesis de Barcelona, que alcanza los 3,2 millones de euros; Madrid, que llega a 2,7 millones; Sevilla, que ingresa 2,2 o Valencia, que ingresa por este concepto 2,1 millones de euros al año.
En lo que se refiere a la rentabilidad que obtiene de sus inversiones financieras, a las que aparecen en las cuentas de las diócesis se podrían sumar las que obtiene la Conferencia Episcopal. Esta entidad ha creado un fondo de reserva con parte del dinero recaudado a lo largo de los años a través del IRPF. El fondo asciende ya a más de 70 millones de euros. Por estos fondos y otros relacionados con la gestión del IRPF, la Conferencia Episcopal ha llegado a obtener una rentabilidad de hasta 1,8 millones de euros anuales.
Según las cuentas publicadas por las diócesis, aquellas que desglosan, por ejemplo, lo que ganan por alquileres de sus inmuebles suman más de ocho millones de euros anuales. Son pocas las que ofrecen este dato desagregado. La mayoría lo incluye en una partida más amplia, de ingresos por patrimonio, que supera los 94 millones de euros. En estos ingresos de patrimonio estarían incluidos los alquileres, pero también otros, como pueden ser los intereses por sus inversiones financieras o por actividades comerciales, como editoriales que son propiedad de las diócesis directamente.
Entre las grandes diócesis destaca que la de Valencia ingresa 816.000 euros por alquileres, frente a los 350.000 de Madrid. Sin embargo, es llamativo que la diócesis que más declara por este concepto en sus cuentas es la de Tenerife, ya que estos ingresos casi llegan al millón de euros, concretamente 970.000. Otra diócesis pequeña, como es Ávila, ingresa por las rentas de sus inmuebles 789.000 euros, el doble que la de Madrid.
LAS INVERSIONES Y EL IRPF DE LA IGLESIA
No obstante, la contabilidad que han hecho pública la mayoría de los obispos sólo ofrece el dato general de la partida de “ingresos de patrimonio y otros”, en la que se incluyen los alquileres. El rendimiento que sacan las diócesis a sus inmuebles y negocios no es modesto. Los 94 millones de euros en total suponen la prácticamente la tercera parte de los 256 millones de euros que recibe la Iglesia por la casilla del IRPF.
Junto con el IBI, el otro gran asunto económico pendiente con el Gobierno también está en revisión. Se trata de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Se trata de aquellos inmuebles que la Iglesia católica pudo inscribir en el registro de la propiedad a su nombre sin más requisito que la propia declaración de las autoridades eclesiásticas sobre su propiedad. Es decir, sin necesidad, por ejemplo, de una escritura de propiedad.
El patrimonio de la Iglesia es difícil de valorar, pero la propiedad le permite año tras año incluso sacarle rendimiento económico. Sólo en lo que se refiere a las diócesis (es decir, sin tener en cuenta colegios, congregaciones religiosas, etc.) los obispos pueden vender y explotar estos inmuebles.
La Iglesia católica y el Gobierno van a afrontar cara a cara los asuntos que tienen pendientes desde hace meses. Los temas encima de la mesa tocan aspectos estratégicos tanto para la economía como la influencia de la Iglesia en España. Entre estos se encuentra el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la regulación de la asignatura de religión.
Una de las primeras actividades de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, una vez nombrado el nuevo Gobierno, ha sido entrevistarse con el nuevo nuncio del Papa en España, Bernardito Auza. En la entrevista puso sobre la mesa estas asignaturas pendientes de la pasada legislatura.
INTERLOCUTORES PARA LA REVISIÓN DEL IBI
Estos temas habían sido expuestos por primera vez por el Gobierno de Sánchez en el viaje que Carmen Calvo realizó en octubre de 2018 a la Santa Sede. En aquel momento se entrevistó con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Sobre el encuentro sobrevolaba la posición de la Iglesia respecto a los planes del Gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La vicepresidenta, en todo caso, desveló a Parolin los planes del Gobierno para lo que presentó como una reforma del sistema fiscal de la Iglesia. El asunto más concreto en este terreno era la revisión de la exención del IBI.
El Gobierno quiso abordar entonces el asuntos con la Conferencia Episcopal Española. Las gestiones, donde hubo contactos telefónicos y por carta, no tuvieron efectos prácticos. La vicepresidenta desveló que había nombrado dos interlocutores para tratar estos asuntos y que estaba a la espera de que los obispos señalaran a sus representantes. El guante no fue recogido por el episcopado, que no encontraba sentido sentarse a tratar estos asuntos con un Gobierno que en aquel momento estaba en funciones.
En el episcopado se mostraban entonces también expectantes ante la posibilidad de que finalmente pudiera concretarse un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Este ha sido el escenario final, aunque con unas nuevas elecciones de por medio.
