El Gobierno marroquí ha exigido «explicaciones» al Ejecutivo español por la decisión de permitir el traslado a España para recibir atención médica del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un gesto que Rabat considera «contrario al espíritu de vecindad» de los dos países.
Este ha sido el mensaje que se ha hecho llegar al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, a quien el Ministerio de Exteriores marroquí convocó el sábado para trasladarle el malestar de Rabat y «exigirle las explicaciones necesarias sobre la actitud de su Gobierno».
«El Reino de Marruecos deplora la actitud de España», ha señalado el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado este domingo, criticando que se acoja a Ghali –quien está recibiendo tratamiento en un hospital por COVID-19– cuando es buscado «por crímenes de guerra graves y atentados graves contra los Derechos Humanos».
En este sentido, Rabat ha expresado su «decepción» con este gesto, que desde el Gobierno español se ha justificado por «razones humanitarias», subrayando que es contrario «al espíritu de partenariado y de buena vecindad» entre los dos países.
Además, añade el comunicado, «afecta a una cuestión fundamental para el pueblo marroquí y sus fuerzas vivas», en referencia al Sáhara Occidental, cuya soberanía reivindica Marruecos y que España, antigua potencia colonial, no reconoce, como sí hizo el pasado diciembre Estados Unidos.
EL GOBIERNO NO INFORMÓ A MARRUECOS
En el Gobierno marroquí, «la actitud de España suscita una gran incomprensión» así como algunas «dudas legítimas» como el hecho de que Ghali viajara a «escondidas y con un pasaporte falso» o el que el Ejecutivo «consideró útil no avisar a Marruecos».
Igualmente, el Gobierno marroquí cuestiona por qué «la justicia española no ha reaccionado a las numerosas denuncias presentadas por las víctimas» del Polisario.
Rabat se refiere con ello a que la Audiencia Nacional citó en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).
Tras la confirmación del traslado de Ghali, la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), impulsora del proceso judicial en España, ha remitido una solicitud a la Audiencia Nacional en la que pide que se verifique que efectivamente el líder del Polisario está ingresado y se le tome declaración, así como la emisión de una orden de detención.
El comunicado del Ministerio marroquí se produce después de que el sábado fuentes diplomáticas españolas hubieran informado de que el Gobierno marroquí había pedido «detalles» sobre la presencia de Ghali en España y que Díez-Hochleitner se había reunido con un alto cargo de dicho departamento, enmarcando todo ello en la «normalidad» de la relación.
LAYA DESCARTÓ UN RIFIFIRRAFE CON MARRUECOS
De hecho, la propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, había descartado el viernes que el traslado de Ghali a España pudiera tensar la relación con Marruecos, en un momento en que los dos gobiernos tienen pendiente cerrar la fecha de la reunión de alto nivel, tras aplazarla el pasado diciembre por la pandemia.
La jefa de la diplomacia confirmó ese mismo día que el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharui Democrática (RASD) está en España «para recibir tratamiento médico» y se le permitió viajar «por razones estrictamente humanitarias», pero evitó entrar en más detalles.
Preguntada por los periodistas sobre el eventual impacto que la presencia en España de Ghali pueda tener en la relación con Marruecos, González Laya dejó «claro que para nada esta cuestión ni impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos».
La ministra insistió en que el reino alauí es «un vecino, amigo y socio privilegiado» en todos los ámbitos y «eso no cambia» por el hecho de que el Gobierno, «responsable con sus obligaciones humanitarias», haya permitido a Ghali recibir tratamiento aquí.
