En un momento u otro, pero tanto el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, como Podemos, formación que ejerce la acusación popular en el caso, coinciden en que la pieza declarada secreta sobre las contrataciones del BBVA a Villarejo que investiga la Audiencia Nacional afectará a la vista oral que arranca este miércoles contra la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Manos Limpias.
El abogado de Pineda, Miguel Durán, ha confirmado a MONCLOA.COM que solicitará hoy al tribunal la suspensión del juicio porque éste nace de prácticas ilegales que han contaminado “de raíz” el procedimiento por el que su defendido pasó tres años en prisión provisional.
El letrado ha manifestado a este periódico, como ya hizo en el escrito que presentó el pasado mes de septiembre ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para pedir la nulidad de la instrucción, que existen “motivos más que suficientes” para suspender el juicio.
Según Durán, este proceso no se habría producido sin la intermediación de la denuncia anónima que, asegura, interpuso el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde hace más de dos años, a instancias del BBVA y que supuso el pistoletazo de salida de la llamada Operación Nelson.
El abogado no duda de que cuando se levante el secreto que pesa sobre la pieza separada del caso Tándem sobre la relación de la entidad financiera y Villarejo que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se demostrará lo que defiende: que es el antiguo policía el que está detrás de esa denuncia.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
Un levantamiento que “no puede tardar mucho” y que, en el caso de que el tribunal no acepte su petición de nulidad hoy, durante la sesión de cuestiones previas, cree que obligará a suspender la vista en mitad de las sesiones o, en el caso de que se produzca cuando ya haya terminado, a anularla.
El pasado 7 de enero el juez García-Castellón, a instancias de Fiscalía Anticorrupción, acordó prorrogar el secreto hasta al menos el 4 de febrero, aunque esa fecha podría adelantarse o prorrogarse aún más a criterio del juez.
Esta pieza separada de la macrocausa Tándem, la número 9, se abrió el pasado 4 de diciembre de 2018 para investigar los contratos entre el BBVA y la empresa de Villarejo que se habrían prolongado durante 13 años con una facturación de entorno a 10 millones de euros, trabajos cuyo contenido destapó MONCLOA.COM.
El pasado mes de diciembre una factura emitida en 2015 por Cenyt, la empresa vinculada a Villarejo, mostraba que el BBVA pagó al menos 211.750 euros esa mercantil para que investigase al presidente de Ausbanc y a la propia entidad a la que acusaban de extorsionarles para conseguir inserciones publicitarias en las publicaciones de Ausbanc.
Pineda se ha personado como perjudicado en esa causa y su letrado sostiene que lo más lógico sería posponer de nuevo el juicio, como ya ha ocurrido en dos ocasiones anteriores, hasta que, efectivamente, se levante el secreto de la pieza de Tándem para no “trabajar en vano” en una vista que después puede que quede en papel mojado.
PODEMOS SE MANIFIESTA EN LA MISMA LÍNEA
El abogado de Podemos, formación que ejerce la acusación popular en el caso, Alejandro Gámez, coincide con el abogado de Pineda en una entrevista con el diario Vozpópuli en que si se demuestra la sospecha de que “la denuncia anónima original fue hecha por Villarejo contratado por BBVA” se podría “contaminar al resto del procedimiento”.
Con todo reconoce que no sabe si eso “es verdad o no” y es algo que no se sabrá “con certeza”, afirma, “hasta que se abra el secreto de la pieza de BBVA”. Por ello, el letrado no va a solicitar la suspensión del juicio sin perjuicio, según apuntó en esa misma entrevista, a que, de demostrarse la injerencia de Villarejo, se “revise después la sentencia a través de los recursos extraordinarios pertinentes”.
Además, opinó que, de levantarse ese secreto en mitad de la fase de juicio oral, previsto hasta finales de abril, se tendría que suspender la vista para tener acceso al contenido de esa pieza y, si esa pieza afectase de alguna manera, el tribunal tendría que decidir si continúa o suspende las sesiones.
ONCE ACUSADOS
El Ministerio Público pide para Luis Pineda 118 años y 5 meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. La Fiscalía también pide para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses de prisión por liderar, junto a Pineda, una supuesta campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa. Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, la Fiscalía solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
Además de Pineda, Bernard y Negrete se sientan en el banquillo el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel.
También están acusados los miembros de la Junta Directiva María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García (15 años y 11 meses de cárcel), Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses) y Luis María Suárez (16 años).
