La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente «el incumplimiento» de la Ordenanza de Movilidad Sostenible por parte del Ayuntamiento de Madrid y de casi 2.000 titulares de vehículos VTC.
En la denuncia, se solicita investigar los hechos por la presunta comisión de un delito ecológico y de prevaricación administrativa.
Dicha normativa, que entró en vigor en octubre de 2018, prohíbe que vehículos adscritos al servicio de autotaxi o a una VTC con posterioridad al 24 de octubre de 2018 circulen por Madrid si no están calificados con el distintivo ambiental de 0 Emisiones o Eco.
A pesar de dicha prohibición, según la denuncia, «miles de vehículos VTC que no cumplen el distintivo ambiental exigido continúan circulando por Madrid pese a la entrada en vigor la prohibición».
A principios de 2020, el fiscal coordinador en el Área Especializada de Medio Ambiente, Antonio Vercher, solicitó al Ayuntamiento de Madrid que emprendiera acciones penales contra aquellos conductores privados que condujeran sus vehículos particulares contraviniendo las normas ambientales.
Siendo esta la respuesta instada desde el Ministerio Público contra los particulares, apunta la denuncia, «con mayor razón procede el inicio de un proceso penal contra aquellos titulares de autorizaciones VTC que, bajo el amparo de una autorización pública, contravienen diariamente las normas de contaminación atmosférica de la ciudad de Madrid».
«PASIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO»
Los denunciantes señalan que a esta «flagrante violación de la normativa municipal en la materia» se le une «la pasividad del Ayuntamiento de Madrid que rehúsa realizar las debidas investigaciones para garantizar la efectiva aplicación de la OMS en todo el término municipal».
Sostienen que el Ayuntamiento ha sido plenamente consciente de las escasas multas que ha impuesto por la infracción del artículo 195 OMS, a pesar de que, a diario, son miles los vehículos que circulan contaminando ilegalmente la ciudad de Madrid.
La denuncia recoge que los documentos aportados «no sólo acreditan el palmario incumplimiento de la Ordenanza municipal por parte de, al menos, 1.914 titulares de autorizaciones VTC sino también la total inacción administrativa, imputable directamente a las autoridades competentes del Ayuntamiento de Madrid, en particular del Área de Medio Ambiente y Movilidad.
El colectivo asevera que de ningún modo puedo considerarse que las escasas multas impuestas supongan un correcto ejercicio de las potestades públicas propias de un Ayuntamiento; si no, más bien, la constatación de una total inaplicación real de la OMS por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Los denunciantes entienden que los hechos pudieran ser presuntamente constitutivos de un delito ecológico y de un delito de prevaricación agravada de carácter omisivo, y sin perjuicio de que pudieran ser, asimismo, constitutivos de otros tipos penales.
