La defensa de exdirectivo de BBVA Antono Béjar, imputado en la pieza separada número 9 de la causa ‘Tándem’, ha interesado que la directora global jurídica del banco María Jesús Arribas de Paz declare como testigo a pesar de la negativa de la entidad a que lo haga alegando doctrina referida al secreto profesional.
En un escrito de cinco páginas, la defensa de Béjar indica que esa declaración no atenta a la normativa vigente que regula el estatuto profesional de la abogacía, así como a las normas deontológicas.
«Más bien al contrario», añade, para acto seguido citar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 1982 en la que se «estableció que, el principio de confidencialidad sólo protege los documentos y comunicaciones que se producen entre un abogado y sus clientes (no empleadores) siempre que se trate de correspondencia mantenida en el marco del derecho de defensa del cliente y que, además, se trate de un abogado independiente».
Indica que un abogado independiente es aquel jurista que, hallándose habilitado para ejercer la profesión de abogado en un estado miembro de la Unión Europea, no se encuentra vinculado a su cliente por medio de una relación laboral estable.
Por eso, incide en que esos requisitos no se dan en el caso de Arribas porque la documentación sobre las que se le pretende interrogar no es fruto de correspondencia intercambiada en el ejercicio del derecho de defensa, ni está sujetas a confidencialidad.
Cabe recordar que en esta pieza se investigan los encargos que realizó el banco al comisario José Manuel Villarejo por los que, según consta en el sumario, se abonaron 10,2 millones de euros. Entre esos encargos estaba el espionaje al empresario Luis del Rivero o al presidente de Ausbanc Luis Pineda.
«OBJETO DE CONTRADICCIÓN»
Béjar recuerda en su escrito al juez instructor Manuel García-Castellón que BBVA no invocó «ese pretendido secreto profesional» cuando aportó los documentos a la causa y le señaló a él «sin ambages» como responsable «cuando no era el banco persona jurídica investigada». «Por lo tanto, carece de sentido que ahora esgrima con tanta vehemencia y celo su derecho a la confidencialidad», añade.
Al hilo, recuerda que la consultora PwC elaboró un informe forensic por encargo de BBVA y, en ejecución de ese encargo, los aportó al proceso como prueba «técnico forense» y por tanto, sostiene que ese documento «puede y debe ser objeto de contradicción en las diligencias previas».
«Máxime cuando, por medio de las conclusiones que contiene, se pretende, en última instancia, constituir prueba de cargo contra mi mandante para cubrir su propia y exclusiva responsabilidad cuando todavía no tenía la condición de investigada, de lo que se desprende un claro móvil espurio», incide.
Y por eso, insiste en que Arribas debe poder ser preguntado sobre si el contenido y las conclusiones de dichos documentos, «reflejan o no la realidad orgánica interna de BBVA» y sobre si en el momento de los hechos «existían o no cartas de delegación de poderes otorgadas a su cliente o a otras personas.
«DÍA Y HORA PARA GORTARI»
Por otro lado, el abogado Felipe Izquierdo, que consta como perjudicado en esta causa por haber sido espiado, ha elevado escrito al magistrado recordando que ya en noviembre de 2020 solicitó la declaración como investigado del actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari. Dado que hasta la fecha no se ha pronunciado el Ministerio Fiscal al respecto, suplica al juez que señale día y hora para su declaración.
En ese escrito de noviembre, el abogado solicitaba además tanto para el expresidente del BBVA Francisco González como para Gortari y el banco una fianza, conjunta y solidaria, de más de dos millones de euros para que aseguren las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos relativos a su persona.
