La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, son feministas abolicionistas de la prostitución, y tal y como han explicado ambas, en algunas de sus intervenciones públicas, lograr esta medida es uno de los objetivos del Gobierno. La Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual (Ley ‘solo sí es sí) y la Ley contra la trata, será el camino a seguir para lograrlo.
La Ley de ‘solo sí es sí’ nació con el objetivo de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia que se ejercen sobre ellas por el mero hecho de serlo y, entre ellas, está la explotación sexual.
Es por eso que en su redacción, tal y como explican fuentes del Ministerio de Igualdad, se han incluido medidas que las feministas abolicionistas llevan pidiendo desde hace años, como la recuperación de la Tercería Locativa y del proxenetismo no coactivo en el Código Penal o el propio reconocimiento de la explotación sexual de las mujeres como una forma de violencia machista.
Con la recuperación de la Tercería Locativa, explicó Irene Montero en septiembre de 2020, se «acaba con la impunidad de los dueños de los prostíbulos». Esta medida, eliminada del Código Penal en 1995, prohíbe que un tercero, que podría ser el proxeneta o quien alquila un local, se lucre con la explotación sexual de una mujer.
En cuanto a la prostitución no coactiva, es una medida que también ha reclamado el Consejo Fiscal en sus informes de 2017 y 2018. Actualmente, solo se pena el proxenetismo coactivo, lo que obliga a las mujeres víctimas de explotación sexual a confirmar que han sido coaccionadas para reclamar ayuda. Tal y como señala Igualdad, esto es algo que la mayoría no se atreve a hacer por miedo a represalias.
FOCO EN LA INDUSTRIA O EN EL CLIENTE
Estas dos medidas entrarían en vigor con la Ley de ‘solo sí es sí’, que actualmente está en elaboración, a la espera del informe que, sobre el texto, debe emitir el Consejo de Estado. La norma ha recibido el informe favorable de la Fiscalía, no así del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone en duda la definición de consentimiento a una relación sexual que recoge la norma.
Mientras espera el avance de esta norma, Montero ha puesto en valor la labor de su departamento en este tema. «Creo que vamos a ir más lejos que cualquier Gobierno en esta materia», ha declarado, para señalar que la industria proxeneta es, ahora, un sector «poderoso» al que «nadie ha tocado». «Han permanecido en la impunidad siempre», ha denunciado.
En sus declaraciones, la titular de Igualdad ha lamentado que una de las pocas medidas que se han puesto en marcha contra la prostitución en los últimos años es la multa al putero, que el PP incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana. «No es suficiente», ha indicado en este sentido.
Sin embargo, la vicepresidenta primera sí ha abogado en «poner el foco sobre los varones que utilizan la prostitución» y en «perseguir al putero». Lo ha señalado durante una intervención, el pasado mes de marzo, en la que habló de la Ley contra la Trata que prepara el Gobierno.
«SIN PROSTITUCIÓN NO HAY TRATA»
Su postura se mantiene, así, en la que el PSOE registró en un borrado que estaba preparando en 2018, que se basaba en esta penalización del cliente.
Aún así, Calvo ha defendido en rueda de prensa que el Ejecutivo está «en estos momentos» en «el camino correcto» que es el de lograr «una legislación nacional contra la prostitución y la trata». De hecho, ha aclarado, en este sentido, que tanto ella como Montero comparten su visión abolicionista sobre este tema.
Estas declaraciones las hacía, además, unos días después de que Igualdad anunciara que ha empezado con los trabajos de elaboración de esa norma. El Ministerio especificó en un comunicado su intención de «impulsar» un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata.
También, dijo, estudiará aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados.
FRENTE A FEMINISTAS, PROSTITUTAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
La ministra de Igualdad no se libra, tampoco en esta ocasión, de las críticas en este tema, ya que hay una parte del movimiento feminista que es más partidario de la regulación de esta práctica y no de su prohibición.
Esta visión se ha visto reflejada en algunos partidos políticos, como Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) o En Comú, estos últimos compañeros de Podemos en los grupos parlamentarios de Congreso y Senado. Estas formaciones sí abogan por medidas de persecución y castigo a las mafias y de protección de sus víctimas, pero no aprueban la prohibición del ejercicio de la prostitución.
A pesar de esta situación y que la ‘número dos’ del Gobierno reconoce que «no hay unanimidad» en este tema, sí ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que se sumen a la lucha contra la trata. «Vamos a aprovechar los grandes movimientos de mayoría para sacar esto adelante», ha indicado Calvo.
Finalmente, el Ejecutivo deberá enfrentarse al propio movimiento de las profesionales de la prostitución, agrupadas en el conocido como Sindicato ‘Otras’ y que reclaman sus derechos como trabajadoras sexuales, incluyendo su legitimación.
Este sindicato nació en agosto 2018, cuando su registro fue publicado en el Boletín General del Estado (BOE), provocando un enorme debate político. La entonces ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio, aseguró que no sabía que su departamento había validado este sindicato y aseguró que le habían metido «un gol por la escuadra». La denuncia a esta situación, acabo con el sindicato ilegalizado por decisión de la Audiencia Nacional. Un sentencia que está recurrida.
