El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha solicitado la paralización de la modificación parcial del Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura «al menos» hasta la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.
En una carta enviada al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la corporación provincial asegura que es «indispensable» que la Generalitat se sume a las iniciativas que se van a emprender desde la Región de Murcia y Andalucía para «defender los derechos de los agricultores, regantes, empresarios y ciudadanos».
En el escrito, Mazón remarca que el «cuestionamiento» del Trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno de España «se acentuó cuando se produjo la derogación del trasvase del Ebro, que acabó con las expectativas de resolver los problemas de déficit hídrico que aquejan a toda la cuenca mediterránea desde Barcelona hasta Almería».
Así, afirma que el trasvase del Ebro «habría satisfecho buena parte de las demandas hídricas de la Comunitat Valenciana y Murcia, reduciendo a su vez la presión sobre los recursos autóctonos tanto superficiales como subterráneos».
La propuesta alternativa al trasvase del Ebro fue la Ley 22/8/2005, el Programa A.G.U.A, conocida como la Cláusula Narbona, un programa que, según expresa Mazón, «pretendía sustituir el agua del Ebro y del Tajo principalmente por agua desalinizada procedente del mar, de forma que conforme entraran en funcionamiento las desalinizadoras, se reducirían los caudales trasvasables».
El siguiente «hito» contra el trasvase fue el promovido dentro de la Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha (2008), en el que se fijaba la caducidad del TTS en 2015 y aumentar las reservas en el Alto Tajo para reducir los trasvases. Esta propuesta de reforma se retiró en 2010.
No obstante, con el cambio de Gobierno tras la moción de censura de 2018, «se retomaron las actitudes que cuestionan el trasvase Tajo-Segura», ha lamentado el presidente de la Diputación de Alicante. «Así, en noviembre de 2018, en el Nivel 3 de la Regla de Explotación, tras el informe de la Comisión de Explotación, le correspondían a la cuenca receptora 20 hm3, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, injustificadamente, solo autorizó el trasvase de 7,5hm3 para abastecimientos, dejando a los agricultores sin los caudales que le correspondían», apunta.
Mazón, en la carta dirigida a Puig, insiste en que la Sentencia del Tribunal Supremo del 11 marzo de 2019 estableció la necesidad de que en la planificación hidrológica del Tajo quedaran establecidos los caudales ecológicos pero «en ningún caso se indica cuáles debían de ser y quedaba su fijación en espera de la nueva ETI de Tajo, que todavía no se ha aprobado».
En agosto de 2019 se incorporaron los llamados «pueblos ribereños de la cabecera del Tajo» a la Comisión de Explotación, «con voz pero sin voto» y la Generalitat Valenciana anunció que lo recurriría «pero no lo hizo», subraya el dirigente alicantino.
Estos «pueblos» solicitaron un Informe al CEDEX para que se analizaran las Reglas de Explotación vigentes del TTS, una solicitud que fue acogida «con agrado» por la ministra Ribera. Sin embargo, Mazón ha lamentado que «en ningún momento» los usuarios del agua del Trasvase han estado presentes en la Comisión de Explotación «pese a haberlo solicitado reiteradas veces».
«En agosto de 2019 solo aprobaron 8,5 hm3 para el abastecimiento de la población. Se volvió a repetir la misma situación de noviembre de 2018 y de nuevo la ministra Ribera, arbitrariamente, tomó una decisión contraria a los agricultores de la cuenca del Segura», ha criticado.
A partir de septiembre de 2020 y hasta marzo de 2021, el Acueducto Tajo-Segura ha estado cortado como consecuencia de unas obras de reparación en el embalse de la Bujeda, aunque el Ministerio, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, «ha seguido con sus medidas de reducción de caudales estando en el Nivel 3, en contra de los informes técnicos de la Comisión Central de Explotación del TTS».
«En abril de 2021, el Ministerio aprueba diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, propone la modificación de parámetros, reduciendo el volumen de trasvase en nivel 2 de los 38 hm3/mes vigentes a 27 hm3/mes y elevar el umbral de volumen acumulado disponible en los embalses de cabecera, que define el límite entre los niveles 1 y 2, de 1200 a 1400 hm3, manteniéndose el resto de los parámetros en su valor actual», continúa Mazón.
La Diputación de Alicante, a través de su Comisión Técnica, realizó un Informe donde afirmó que esta propuesta del Ministerio es «inoportuna» e «interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo» y alertó que «resultaría arbitraria, carente de la debida justificación y, por tanto, nula de pleno derecho». «No es necesaria ni racional ni razonable, puesto que podría producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos», finaliza el presidente de la Diputación de Alicante.
