La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, considera que si no se prorroga el estado de alarma y, a falta de una actualización de la Ley de Salud Pública, no habrá herramientas para «no profundizar en la heterogeneidad» de las medidas que puedan tomarse en los diferentes territorios, ya que el poder judicial podrá adoptar diferentes decisiones para una misma situación.
Casado se ha expresado así en su comparecencia en las Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León para explicar la situación sanitaria y epidemiológica en la Comunidad.
La titular de Sanidad castellanoleonesa ha advertido que cuando decaiga el estado de alarma, si no se prorroga, decaerá gran parte del «semáforo» en el que se contemplan las medidas a tomar para luchar contra el coronavirus y la gestión será «mucho más complicada.
A este respecto, ha incidido en que se trasladará al medio jurídico y será necesario elaborar muchos informes y muy «exhaustivos» porque algunas medidas afectan a derechos fundamentales, por lo que tendrá que ser el poder judicial el que diga si se puede hacer una cosa o no, de manera que puede ocurrir que haya distintas decisiones con una misma situación en diferentes sitios.
A su juicio, se trasladará al poder judicial lo que se debería hacer en el ejecutivo y cree que mientras exista la pandemia siempre debería haber un marco legal para tomar decisiones lo más homogéneas posibles en el ámbito nacional.
Sin embargo, sin el estado de alarma, ha explicado que habrá que regirse por la Ley de Salud Pública, «que es preautonómica» y que no responde a todas las necesidades, por lo que le hubiera gustado «muchísimo» contar con su actualización y tener suficientes herramientas para evitar esa heterogeneidad al tomar decisiones, algo que traslada en todos los consejos interterritoriales.
Verónica Casado ha recordado que desde hace mucho tiempo piden herramientas y espera una Conferencia de Presidentes que permita abordar este tema, que considera «muy importante», porque «para la cogobernanza se necesitan herramientas».
OPINIÓN DE LOS GRUPOS
En referencia a la posibilidad de que decaiga el estado de alarma a partir del 9 de mayo se han referido en el marco de la Comisión los portavoces de diferentes grupos parlamentarios.
En concreto, el portavoz del PP, Alejandro Vázquez, ha señalado que, si decae el estado de alarma, ésta será «una nueva incertidumbre más» que se sumará a todas las que ha habido durante la pandemia.
Así, considera que sin el mismo ni una legislación adaptada a la situación «se va a hacer mucho más difícil el manejo de la pandemia», aunque sea posible que las tasas de incidencia no sean tan altas como en otras ocasiones. Vázquez ha recordado que este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido la celebración de una Conferencia de Presidentes, que no se reúnen desde el 31 de julio, para centrar qué van a hacer todas las autonomías, sobre todo por el tipo de cogobernanza con el Gobierno para que deje de haber «incertidumbre».
Precisamente la postura del PP ha provocado la crítica del PSOE, cuyo portavoz, Jesús Puente, ha censurado la «evolución con el tiempo» de los ‘populares’, que al principio rechazaron el estado de alarma, luego lo apoyaron, después lo rechazaron y ahora «no se sabe muy bien». Aún así, el procurador socialista cree que cuando se habla de suprimir derechos fundamentales y de materia constitucional se debería ir todos a una.
Por su parte, en una línea similar a la consejera se ha expresado el portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, quien ha señalado que después del 9 de mayo «hay un problema» y se tenía que haber actualizado rápidamente la Ley de Salud Pública para tener herramientas.
Delgado cree que todos los grupos parlamentarios desde el Congreso o donde sea necesario pueden «acelerarlo» para que haya «rapidez y certeza jurídica» y no se tenga que acudir al poder judicial y dirimir problemas, algo que no debería ser así, por lo que ha pedido «la mayor sensatez, prudencia y cordura al respecto».
