La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado este viernes el traslado de otros seis presos de ETA, cuatro de ellos a cárceles de País Vasco y Navarra, comunidades a donde ya se han aprobado 52 acercamientos de etarras con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Para uno de ellos, Asier Bengoa López de Armentia, que cumple una condena de siete años y medio por colaboración, a institución dependiente del Ministerio del Interior ha resuelto la progresión al tercer grado, pasando de la prisión de Zaragoza a la de Álava.
Según el acuerdo de Prisiones, Igor Martínez de Osaba Arregui dejará Zuera (Zaragoza) por la cárcel de Álava. En 2002 fue condenado a 29 años de prisión como autor del asesinato de Alfonso Parada Ulloa. También fue condenado en 2003 por ser uno de los conductores de la conocida como ‘caravana de la muerte’, que contenía más de 1.700 kilos de explosivos y que pretendía atentar en Madrid.
Instituciones Penitenciarias asegura sobre Igor Martínez de Osaba Arregui que está abonando la responsabilidad civil. Al igual que el resto de etarras acercados este viernes, añade que acepta la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y, en su caso, ha remitido escritos en los que muestra «su respeto hacia las víctimas de sus delitos y manifiesta su voluntad de reparar el daño causado».
Gregorio Escudero Balerdi pasará de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) a la de Dueñas (Palencia). En 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 25 años de cárcel como cooperador necesario del atentado que acabó con la vida de Juan Priede Pérez. Fue condenado en 2006 a 42 años de prisión por facilitar la información para asesinar a José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, según recuerda la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
Miren Itxaso Zaldúa Iriberri deja Topas (Salamanca) para ingresar en la prisión de Asturias. Ingresó en prisión el 22 de julio de 2020, con un mandamiento de prisión preventiva por los delitos de asesinato y terrorismo. Está procesada por su participación en el atentado contra Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001 y por el atentado que cometió ETA el 24 de septiembre de 2002 en Leiza en el que resultó muerto el guardia civil Juan Carlos Beiro y otros cuatro resultaron heridos.
Garikoitz Arruarte Santa Cruz irá al centro penitenciario de Pamplona desde Soria. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 20 años de cárcel por el atentado frustrado en la Nochebuena de 2003 mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que salía ese día de Irún (Guipúzcoa) y llegaba a Madrid.
Desde la cárcel de Logroño a la de Bilbao irá Ugaitz Pérez Sorriketa. Fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por un delito de terrorismo e incendio en el curso de una acción de violencia callejera o kale borroka en la que intentaron quemar la comisaría de Amorebieta (Vizcaya). También acumula otras condenas por los delitos de daños continuados y desórdenes públicos.
REACCIÓN DE LA AVT
La AVT ha recordado que, con los de este viernes, ya ascienden a 212 los traslados desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y nombró ministro del Interior a Fernando Grande-Marlaska, en junio de 2018. Corresponde a 176 etarras, 52 de los cuales ya cumplen condena en el País Vasco o Navarra.
«La sobrepoblación de etarras en las cárceles del norte del país es una realidad. Regiones como Andalucía, símbolo de la política de dispersión, ya solo cuentan con apenas una decena de etarras», ha señalado la AVT, que ha activado como cada semana a su Departamento Psicosocial para que comunique a los familiares que «el asesino de uno de sus seres queridos va a ser acercado a su domicilio, con el sentimiento de humillación añadido que esto supone para las víctimas».
La asociación ha mostrado su preocupación por la colaboración entre el Gobierno de Navarra e Instituciones Penitenciarias en lo relativo a justicia restaurativa. «Esto, añadido al más que inminente traspaso de las competencias de prisiones al País Vasco, hace que desde la AVT estemos atentos para ver en que se materializa este convenio con la prisión de Pamplona, donde se encuentran 10 etarras», han indicado.
La AVT lleva semanas sospechando del traslado de las competencias de prisiones al Gobierno vasco por «si se limita a una cuestión de pura gestión material de las prisiones o si también tendrá efecto en las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios».
