La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto sancionar con 500 euros de multa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber lanzado mensajes electorales desde Moncloa en vísperas de los comicios del 10 de noviembre, lo que considera que supone una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos que figura en la ley.
En su resolución, el organismo arbitral, que se ha reunido este jueves, señala que Sánchez, entonces en funciones, «incurrió en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» al haber utilizado las dependencias del Palacio de la Moncloa y la web de Presidencia para una entrevista que concedió a La Sexta el pasado mes de octubre.
En su día, cuando acordó abrir el expediente sancionador, la JEC ya señaló que algunas de las declaraciones realizadas por Sánchez en aquella entrevista tuvieron «connotaciones electoralistas», en tanto que hablaba en su condición de candidato del PSOE, pero no era eso lo que motivó la apertura de diligencias porque entendía que estaban amparadas por la libertad de expresión y respondían a preguntas del periodista.
Lo que sí censuraba era que se lanzaran esos mensajes usando los medios públicos, cuando ese artículo 50.2 de la LOREG prohíbe expresamente «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».
ENTREVISTA ELECTORAL CON ESCENOGRAFÍA OFICIAL
En concreto, señaló que esa entrevista se realizó en una de las salas del Palacio de la Moncloa, con una «escenografía» de medios institucionales «que no están disponibles para los restantes candidatos», y que la transcripción de la entrevista se publicó en la web oficial de Moncloa.
En la resolución adoptada este jueves, la JEC sentencia que el jefe del Ejecutivo quebrantó «el principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral» y con ello produjo una «merma del principio de igualdad de armas entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones».
Eso sí, impone al presidente una multa del tramo bajo, 500 euros, cuando el artículo 153 de la Ley Electoral establece que las infracciones electorales de este tipo cometidas por autoridades y funcionarios están sancionadas con multas de entre 300 y 3.000 euros.
MENOS QUE A QUIM TORRA
De hecho, por ese mismo artículo de la LOREG la propia JEC ya impuso al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dos multas, de 3.000 y 2.500 euros, respectivamente por utilizar medios públicos de la Generalitat para difundir mensajes electoralistas contra otras candidaturas.
En todo caso, la resolución de la Junta Electoral no ha sido unánime ya que seis de sus trece miembros han firmado un voto particular defendiendo el archivo del expediente sancionador instruido por el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
En concreto, quienes abogan por no multar al presidente han sido tres magistrados del Supremo (Ana Ferrer, Antonio Vicente Sempere Navarro y José Luis Seoane) y los juristas que en su día propusieron el PSOE (Consuelo Ramón Chornet y Juan Montables Pereira) y Podemos (Inés Olaizola).
