El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por amplia mayoría el proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales para fines de investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, en cumplimiento de una directiva europea de 2016, entre cruces de reproches por la multa impuesta a España al retrasar su transposición y por la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En concreto, la ley ha contado con el apoyo de 267 diputados, incluyendo tanto a los partidos del Gobierno de coalición como al PP, y sólo cuatro votos en contra. Ha habido también 70 abstenciones, fundamentalmente de Vox.
En el debate, como la semana pasada en la Comisión de Interior, el PP, Ciudadanos y Vox han centrado su crítica en esa multa europea de 20 millones, aunque los socios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han recordado que el retraso se acumuló desde que se incumplió la fecha límite de transposición en mayo de 2018, antes de la moción de censura y de la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez.
El diputado del PP Juan Luis Pedreño ha defendido que el «hurto de 20 millones de euros» en concepto de multa se debe a la «incompetencia» del Gobierno, ya que la Comisión Europea abrió el procedimiento contra España al «persistir el bloqueo» en 2019, con la consiguiente sentencia de febrero de 2021 que impuso el tribunal europeo.
Grande-Marlaska, que ha agradecido desde su escaño la tramitación por vía urgente, ha recordado que las convocatorias electorales con disolución de las Cortes y la lucha contra la pandemia del Covid añadieron retraso a la transposición. No obstante, ha subrayado que la fecha límite era mayo de 2018, pero que por entonces «ni siquiera se había iniciado el trámite legislativo», lo mismo que ocurrió previamente con el Registro de nombres de pasajeros (PNR).
MARLASKA, EN OTRAS COSAS
El PP, a pesar de anunciar el voto favorable «por responsabilidad», ha censurado que la ley orgánica se hayan incluido «materias que no es objeto de la directiva para modificar, entre otras, las competencias del Consejo General del Poder Judicial».
«Esto no tiene nada que ver con la renovación del CGPJ, el problema suyo es de sabotaje a la reforma de organismos constitucionales», le ha respondido el diputado del PSOE David Serrada, anunciando que rechazarían todas las enmiendas y votos particulares.
Los grupos de la oposición han relacionado el atraso de la transposición de la directiva europea con la «distracción» de Grande-Marlaska en cuestiones como cesar a «funcionarios honestos» como el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, le ha recordado también el informe sobre las agresiones a miembros de su partido en una marcha del Orgullo Gay o el traslado de presos de ETA.
Vox, por su parte, ha citado los incidentes de su acto en Vallecas previo a la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid, afeándole que «no actúe contra los violentos» y mostrando su deseo de que la ley de protección de datos sirva para que los «prófugos» como Carles Puigdemont «no puedan encontrar refugio».
UNA LEY MÁS GARANTISTA
Desde Unidas Podemos, Martina Velarde ha defendido que el trámite parlamentario ha hecho que la ley sea más garantista. «Salvaguarda la actuación de la policía judicial remarcando la acción de cuentas a la autoridad judicial o al ministerio fiscal», ha señalado, poniendo el acento en la revisión de los datos almacenados a los tres años, con un plazo máximo de 20 años, con las excepciones de los casos en los que los delitos no prescriban o para la protección de las víctimas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de febrero el proyecto de ley que, según la portavoz del Gobierno, «conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución».
La ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción.
