La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha firmando una orden por la que se convocan un total de 20 vacantes en la Carrera Fiscal de libre designación, entre las que figuran la del fiscal de Sala Contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras en la cúpula de Carrera en destinos como las fiscalías del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, Anticorrupción o el Tribunal de Cuentas.
La convocatoria fue publicada en el BOE del pasado sábado, 10 de abril, y recoge que los solicitantes deberán comunicar su intención de optar a las vacantes a sus jefes respectivos, que podrán realizar un informe para acompañar las instancias.
Los interesados deberán presentar también un plan de actuación y «relación circunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional estimen de interés».
Se convoca concretamente plaza en cada uno de estos destinos: Inspección Fiscal de la FGE, Tribunal Constitucional (2 vacantes), Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y los departamentos de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana y la Fiscalía Provincial de Burgos, Provincial de Castellón y Fiscalía Antidroga.
Se da la circunstancia de que desde la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, se ha acusado recientemente a Delgado de tener «querencia» por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenece– a la hora de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula del Ministerio Público.
Este extremo es negado desde la Fiscalía General, que en fuentes consultadas defiende el equilibrio en los nombramientos realizados por la fiscal general desde que accedió al cargo.