La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la que designa ponente y da traslado a la Fiscalía para que informe sobre competencia y contenido de la querella presentada por la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y contra el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, por presunta prevaricación, ante una «intolerable dejación de sus obligaciones» frente a los supuestos delitos fiscales que habría cometido el Rey Emérito, Juan Carlos I.
En la providencia, dictada el pasado 5 de abril, se nombra ponente a la magistrada Carmen Lamela del auto que, tras conocer el análisis que realice la propia Fiscalía, debe dictarse para admitir o bien inadmitir la querella.
Según explicó el abogado tributarista que ha redactado la querella, Antón Beiras, la nueva regularización fiscal del Rey Emérito, por el IRPF y por 4,4 millones de euros, «significaría que ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal» ante Juan Carlos I.
Recordó para que esa regularización «sirva de excusa absolutoria en el ámbito penal», debe producirse de forma «espontánea y veraz», es decir, que no haya previamente una inspección tributaria ni una investigación formal.
Para Beiras, «durante todos estos meses nadie, ni la Agencia Tributaria ni a Fiscalía, ha notificado al Rey Emérito su condición de investigado o inspeccionado». «Le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas y eluda cualquier sanción penal o administrativa».
Según el abogado, al margen del posible delito de prevaricación, estudia también incluir en la querella un supuesto delito de negociaciones prohibidas, en caso de que haya indicios de que «se ha estado negociando y pactando una regularización tributaria» para el Rey Emérito.
