El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se pronunciará oficialmente sobre la carta remitida por tres asociaciones de jueces a la Comisión Europea denunciando que las últimas reformas legales suponen un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España y solicitando incluso sanciones para España.
No obstante, este movimiento es valorado positivamente por algunos vocales pertenecientes al sector conservador del Consejo, que no descartan que este asunto se ponga sobre la mesa durante el próximo Pleno ordinario del órgano, que está previsto para el próximo día 22.
Por el momento, lo que según fuentes consultadas se llevará sin duda alguna a dicho Pleno es el informe encargado el pasado 26 de marzo al Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces ante determinadas dudas muy concretas que generará en su actividad, una vez ha entrado en vigor, la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. Esta reforma es la que ha motivado el último movimiento de jueces hacia los órganos Europeos.
El debate sobre este informe técnico llevará sin duda a los vocales a discutir sobre la iniciativa de las tres asociaciones, si bien las mismas fuentes reconocen que para el CGPJ, que es un órgano del Estado, dirigirse a un organismo internacional contra el propio Estado «es algo complejo» . Consideran que una asociación profesional lo tiene más fácil.
La misiva remitida a la Comisión Europea se asemeja a la realizada en su día por los jueces polacos cuando su gobierno adoptó decisiones que también éstos consideraban que atacaban a la independencia judicial. Se trata de una decisión «dura», según los vocales consultados, «pero más vale hacerlo ahora que esperar a que sea más grave, como también lamentablemente puede acabar pasando, añaden los vocales consultados.
La valoración que hace este sector del Consejo de la decisión de las tres asociaciones es positiva ya que, más allá de la crítica al modelo de sistema de nombramiento de vocales judiciales, que puede o no compartirse, revela un «compromiso institucional de las asociaciones por fortalecer el Estado de Derecho ante reformas que en el contexto en que se producen suponen una quiebra de la separación de poderes».
JUEZ ESPAÑOL COMO JUEZ EUROPEO
Añaden que subyace en ese escrito al dirigirse a una institución de gobierno de la UE «hacer visible el principio de que el juez nacional es ante todo juez europeo» .
Por ello desde este sector consideran que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados al emitir este mensaje están cumpliendo con uno de los fines para el que están reconocidas en la CE , a saber: la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales.
Una vez conocido lo que diga el citado informe técnico los vocales extraerán sus consecuencias y en este momento se plantearán si deben dirigirse ellos también a las instancias europeas que correspondan.
En su día ya se advirtió que este informe no tiene por objeto la realización de futuras impugnaciones de la reforma ante los tribunales -las mismas tres asociaciones de jueces instan a la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional-, sino la resolución de determinadas dudas que los cambios generan en su labor del día a día y que el nuevo texto normativo no resuelve.
Los vocales del CGPJ quieren saber, por ejemplo, si la imposibilidad de realizar nombramientos afecta a funciones previas a estas designaciones como son la aprobación de bases de convocatoria o la realización de entrevistas a los candidatos por parte de la Comisión Permanente. También quieren conocer cómo podrán actuar si el Tribunal Supremo anula un nombramiento ya realizado o si se les permite nombrar jueces sustitutos.
Las mismas fuentes señalan como poco probable que pueda prosperar la presentación de un conflicto de competencias que reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales, dada la jurisprudencia existente al respecto en el propio tribunal de garantías. Para la presentación de esta propuesta, además, se precisaría la aprobación de la iniciativa por el Pleno del Consejo en el caso de que algunos vocales lo propusieran, lo que de momento no parece que vaya a ocurrir.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Concretamente, pide a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones– y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda laactividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».
