Fundación Artemisan ha presentado alegaciones a la orden ministerial para sentar las bases de la futura estrategia de conservación del lobo del Gobierno en las que alerta de que supondrá abrir la puerta a traslocaciones, perjudicará a los agricultores y a la propia especie. Por ello, espera que finalmente prime el interés de la propia especie así como el consenso de todos los sectores implicados en vez de la «ideología o los intereses de determinados colectivos».
La entidad señala que el documento planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abre las puertas a traslocaciones de animales que expandirán el conflicto a otras localizaciones geográficas en las que en la actualidad no hay lobo.
Además, considera que el documento contempla un plan autonómico de control en situaciones con casos de depredación, pero no habla de abatimiento de ejemplares, con lo que se podría contemplar su captura y liberación en otras zonas.
De ese modo, en sus alegaciones, la fundación subraya que esta estrategia «pretende, sin justificación alguna, sustituir a la anterior, aprobada con consenso y que funcionaba correctamente».
Asimismo, alerta de que las medidas que contempla el borrador supondrán «un grave perjuicio para los agricultores, para la especie y para la sociedad en general».
En concreto, añade que se ha eliminado el ‘Anexo I. Participantes en la redacción de la Estrategia’, que sí aparece en el índice del documento, por lo que se desconoce la autoría de las personas encargadas de su elaboración y, por tanto, su experiencia profesional, quedando su validez en entredicho.
Al colectivo cinegético le sorprende, por otro lado, que según el borrador, se pretenda promover una gestión consensuada y propiciar la participación de todos los sectores interesados, cuando parte de la inexistencia del consenso, ha producido importante malestar entre los sectores afectados y no se ha tenido en cuenta en su redacción a los ganaderos, el colectivo que más relacionado está con la especie.
En un comunicado añade respecto al contenido, alega que el manejo del hábitat dentro de esta estrategia se condiciona en función del lobo, fomentando zonas de refugio y reproducción en espacios donde, a priori, la población de ungulados no es abundante, por lo que se generará mayor impacto aún sobre la ganadería.
Asimismo, considera que el vallado para la cría de ganado extensivo o la caza como un conflicto en sí mismo, supeditando su instalación a la evaluación del impacto sobre el lobo.
Otra de las cuestiones que discute es la propuesta de uso de muladares como disposición de carroña para el lobo, cuando el Real Decreto 1632/2011 que los regula señala que deberán disponer de una zona acondicionada cuyo acceso esté restringido a los animales de la especie que se desea conservar, si fuera necesario por medio de vallas, vallas que la propia estrategia pone en cuestión.
En cuanto a las indemnizaciones previstas para los ganaderos por los daños ocasionados por el lobo, advierte de que estas se condicionan a que se adopten de medidas para evitar los daños, ya que estas medidas deben ser financiadas por la administración competente, sin que la estrategia haga referencia a ello. De esta manera, alerta de que «se carga una vez más todo el peso de la estrategia sobre los ganaderos».
Precisamente, subraya que la evolución de la población de la especie en España es una de las mejores a nivel europeo, con en torno a 300 manadas y más de 2.500 ejemplares, por lo que manifiesta que en su opinión, «no tiene sentido» la pretensión de la estrategia de generar flujos continuos de efectivos entre la Península Ibérica y Centroeuropa para evitar un aislamiento genético que es inexistente en España.
En sus alegaciones critica también que se considere que en algunas áreas la caza del corzo puede ser incompatible con la protección del lobo porque esa actividad en provincias como Soria, Guadalajara o en todo Aragón es una de las fuentes principales de ingresos para los pueblos de la denominada España vaciada.
Otra de sus objeciones al borrador es que pretenda limitar la instalación de vallados cinegéticos y ganaderos en determinadas zonas .A ello se suma la sustitución del aprovechamiento cinegético de la especie por medidas de control por parte de las administraciones.
Por último, cuestiona que se cree un código deontológico sobre comunicación e información del lobo que condicionará la libertad de información de los profesionales de la comunicación, así como la participación social condicionada y sesgada que propone el borrador para el grupo de trabajo, en el que solo tienen cabida aquellos que demuestren interés y bagaje en tareas proactivas a favor de la convivencia del lobo, limitando la participación de científicos, técnicos o gestores.
