El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre la escala de mandos, ha anunciado este lunes que va a interponer una denuncia ante la Fiscalía por la «ausencia» de vacunas contra la Covid-19 para los agentes destinados en Cataluña, en comparación con las suministradas a Mossos d’Esquadra y policías locales en esta comunidad autónoma.
El SPP apunta a un delito contra el derecho a la salud de los trabajadores en su denuncia tramitada ante la Fiscalía, que se suma a sendos escritos dirigidos al Defensor del Pueblo y al director de la Policía, Francisco Pardo, «ante la ausencia de vacunación de los policías nacionales en las mismas fechas que los Mossos d’Esquadra o las policías locales».
Entiende que se ha incurrido en una «clara infracción» de las normas de prevención de riesgos laborales ya que, estando legalmente obligados, tanto el Departamento de Salud de la Generalitat como el Ministerio del Interior «no facilitan los medios para que los policías nacionales de Cataluña sean vacunados al igual que lo han sido en el resto del territorio nacional».
No se entiende que el Departamento de Salud de la Generalitat desobedezca la estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad sin que tenga cumplida respuesta por parte de los distintos organismos competentes del Gobierno de la Nación», argumenta en alusión a las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud.
El SPP apremia al Defensor del Pueblo para que se solucione un problema que «coloca en situación de grave riesgo para la salud» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que llevan ya varias semanas quejándose por este retraso en paralelo a los cambios de criterio con la inyección de AstraZeneca.
PIDE A INTERIOR UN PROTOCOLO ALTERNATIVO
El sindicato pide igualmente la «intervención urgente» del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, exigiendo al Ministerio del Interior que «establezca un procedimiento o protocolo de actuación en aras a lograr la vacunación de todos los efectivos destinados a Cataluña».
En la denuncia tramitada ante la Fiscalía de Cataluña, se hace referencia a las declaraciones recientes como las del dirigente de las juventudes de Demòcrates de Catalunya, Adriá García, que defiende que la Generalitat no debe vacunar a los policías y guardias civiles que «no se sienten ciudadanos catalanes».
En el escrito, que firma el presidente del SPP, José Antonio Calleja, se pide a la Fiscalía que «depure las posibles responsabilidades» entre quienes hayan decidido la «omisión de vacunas» para los policías nacionales, lo que entiende que puede ser constitutivo de un delito contra la seguridad en el trabajo, de acuerdo al artículo 316 del Código Penal.
